Hoy, en la Cámara Penal N° 2 se reanuda el debate en contra de Alexis “Palmera” Silva, acusado de causar la muerte sin intención de José María Armendia (20), un joven que fue brutalmente patoteado a la salida de una fiesta en febrero de 2018 en la zona sur de la Capital, agonizó por 14 meses y murió producto de las graves lesiones provocadas. 

El abogado querellante, Pedro Vélez, manifestó a este diario que “estamos frente al caso Báez Sosa catamarqueño y podría quedar impune”, comparó el letrado con el joven que fue asesinado en Buenos Aires por al menos 9 rugbiers a la salida de un boliche.

La preocupación de la familia de la víctima que se expresa a través del letrado, radica en que el acusado llegó a juicio imputado por “homicidio preterintencional”, lo que prevé una pena máxima de 3 años de prisión, es decir, con buena conducta en caso de ser condenado, a los 8 meses podría salir en libertad, explicó el abogado, que en la semana pidió el cambio de calificación por homicidio simple y el tribunal le rechazó. 

En sus argumentos, los jueces Luis Raúl Guillamondegui, Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada, manifestaron que el titular del ministerio público fiscal Gustavo Bergesio, es el único que puede solicitar un cambio en la acusación. 
El pedido de la querella no resulta caprichoso, sino que con el correr de las audiencias, los testimonios fueron confirmando que el joven fue “agredido a patadas mientras estaba en el piso” y además no sería el único autor, sino que habría más sospechosos que ni siquiera llegaron a juicio. 

Por su parte, el fiscal pidió para hoy dos nuevos testigos, quienes podrían aportar datos significativos en la causa que permitan sostener la postura de un homicidio sin intención, o cambiar la acusación que prevé una pena de hasta 15 años de prisión. 
Por su parte, familiares y amigos del joven Armendia marcharán nuevamente hasta la sala de debate para pedir justicia pues, temen que la Justicia no quiera cambiar la carátula, simplemente porque resulta “más trabajo” cuando la instrucción penal preparatoria no se molestó en investigar para lograr que el o los responsables paguen por el brutal crimen. 

“Pipo” como le solían decir, era un joven de apenas 20 años que salió a un cumpleaños en el barrio 40 viviendas sur y cuando el festejo terminó, fue atacado por un grupo de jóvenes que le propinaron una brutal golpiza por la que fue internado en el hospital San Juan Bautista, donde agonizó por 14 meses, hasta que finalmente en abril de 2019 perdió la vida. 

Según los informes médicos que figuran en la causa, su vida se fue apagando de a poco, primero perdió la capacidad del habla, luego la de razonamiento y finalmente, hasta debió usar una silla de ruedas para poder ser trasladado por su familia, que con la esperanza de que se recuperara esperaba un milagro que no llegó, por eso ahora piden justicia. 

El fiscal tiene en sus manos la posibilidad de que un hecho tan o más gravoso como el que le ocurrió al joven Fernando Báez Sosa, se haga justicia, al menos así lo anticipó el Tribunal en los argumentos para rechazar el planteo de la querella el pasado viernes.