Caso de apremios ilegales en Santa María

Pasó ocho meses en la cárcel, la causa se desestimó y pide justicia

Una mujer relató el calvario que su esposo y familia vivieron tras ser éste acusado injustamente.
jueves, 24 de septiembre de 2020 06:00

Una mujer pide justicia por su marido, quien estuvo ocho meses preso en el Servicio Penitenciario y luego la causa fue desestimada por la Cámara de Apelaciones y el hombre dejado en libertad. La causa volvió a la Fiscalía de Santa María, donde ocurrió el hecho, pero el Ministerio Público no dictó el sobreseimiento.


La mujer asegura que las acusaciones contra su cónyuge fueron completamente falsas, tal y como lo dictaminó el Tribunal de Alzada, y que todo se trató de una maniobra para encubrir los apremios ilegales de los cuales fue víctima su marido.
En diálogo con El Esquiú.com, Romina Escalada, la esposa de José Normando Moreno,  relató que el 8 de noviembre de 2018, cuando la pareja y sus hijos vivían en la ciudad de Santa maría, su marido fue emboscado por un grupo de policías que efectuaron disparos contra su vehículo y lo capturaron. “Él primero pensó que lo iban a asaltar, porque estaban de civiles, pero eran policías. Quiso pedir ayuda a un móvil de la policía, pero lo empezaron a golpear. Lo tiraron al costado de la ruta y lo torturaron por más de cuarenta minutos, golpeándolo con los anteojos puestos”, relató.


La mujer indicó que su cónyuge quedó incomunicado y posteriormente le informaron que su esposo había sido acusado por  un intento de homicidio y, a la vez, ella misma y su pareja habían sido sindicados por causar daños en una peluquería.
“Estas acusaciones fueron por un llamado telefónico, no por una denuncia, pero lo llamativo es que las dos cosas que dijeron que hicimos fueron a la misma hora. Es decir, mientras mi marido trataba de matar a este hombre, César Javier Palacios, los dos rompíamos la peluquería, lo que no tiene ningún sentido, pero el fiscal intervino de oficio”.


Romina, en la continuidad de su relato, explicó que contrató a un abogado, pero éste intentó hacerlos llegar a un acuerdo con Palacios para que este último no radique la denuncia. “Por eso lo dejé, porque estaba en contra de nuestros intereses”, dijo Escalada.


“El fiscal de Cuarta Circunscripción, Carlos Laureano Contreras, y el juez de Control de Garantías estaban al tanto de todo esto”, expresó la mujer indignada, asegurando que por estos motivos denunció al abogado, de apellido Paz, en el Colegio de Abogados.


“No accedimos a nada de esto (...) pero pasados los días, mi esposo fue llevado al Penal de Miraflores, con lo que yo perdí contacto con él”.

Calvario

Romina explicó que a partir de ese momento debió mudarse a la ciudad Capital, sin conocer a nadie y con sus hijos pequeños, para tratar de sacar a su marido de la cárcel. “No había ninguna prueba en contra de mi marido y aunque no tenía antecedentes, el fiscal puso que era reincidente. Para peor, en los medios de Santa María me cerraron todas las puertas, no pude dar a conocer el caso”.


La mujer indicó que la abogada Silvia Barrientos se constituyó como querellante en la causa y la causa llegó a Apelaciones, que dictó la nulidad absoluta del Decreto de Determinación del hecho y por unanimidad determinaron la inmediata libertad de Moreno, lo que se hizo efectivo el 6 de junio de 2019.


“Sufrí mucho sacando adelante a mis hijos en una ciudad desconocida, y luego nos mudamos a otra provincia, porque a Santa María no podíamos volver por las amenazas. Creemos que las acusaciones fueron para tapar los apremios ilegales, los que no me permitieron denunciar”, dijo.


“Hasta el día de hoy el fiscal se niega a dictar el sobreseimiento y lo que quiero es limpiar el nombre de mi familia y que esto se declare oficialmente, ya que allá (Santa María) hay gente que piensa que mi marido todavía está en la cárcel. Palacios es amigo de los policías y, la verdad, no encontramos explicación para tanta injusticia”, indicó la mujer, asegurando que decidió hacer público el caso para dar a conocer la situación y las injusticias a las que, asegura, ella y su familia fueron sometidos.

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Comentarios

24/9/2020 | 11:11
#2
Uno no puede abrir juicios sin tener información veraz sobre los hechos. Pero dándole crédito a la señora Escalada, es un hecho muy grave de injusticia que deberían esclarecer sin perdida de tiempo. No se puede tener a una persona privada de su libertad tanto tiempo cuando se conoce casos que los imputados entran por una puerta y salen por otra ¿Será cierto que el fiscal no quiso recibir la denuncia por apremios? Tendría que haber sido investigado en forma paralela, convengamos que la Secretaría de Seguridad Democrática no ha corregido vicios en la policía, todo lo contrario los profundizó. Que DDHH se haga notar.
24/9/2020 | 10:48
#1
demande al estado , lo va a ganar y es mucha plata 8 meses de un inocente preso no puede pasar, parte de la doctrina de cambiemos, metamos preso leg veamos si es inocente, demande y que los canas se queden sin trabajo y si puede presos y sin guita
24/9/2020 | 08:25
#0
demande a los policias y a los jueces y al estado.... es un jucio facil de ganar, los abogados lo resuelven porq es mucha plata la q le puede sacar al estado y dejar a los policias sin trabajo por la mala labor.

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