El abogado de Pablo Andrés Frías expresó que tampoco tiene antecedentes pero continúa privado de su libertad.

La causa por narcotráfico que tiene como imputado al abogado y excamarista Juan Pablo Morales continúa dando que hablar y es que, esta vez, el abogado defensor de uno de los presos narcos solicitó la libertad del mismo, aduciendo discriminación, ya que tampoco cuenta con antecedentes penales, como el letrado, pero este último goza de libertad y su cliente continúa detenido.

Se trata de Pablo Andrés Frías, hermano de “La Chancha Frías”, sobre quien pesa, según su defensor Pedro Vélez, una acusación de menor responsabilidad que la que tiene el exmagistrado, a quien considera con privilegios por su condición. También criticó duramente la investigación puesto que ni siquiera le secuestraron el celular al jurista e hicieron caso omiso a los pedidos de la Fiscalía Federal.

En este contexto, El Esquiú.com tuvo acceso al escrito presentado, en el cual se da cuenta: “A pesar de que según la imputación dada a conocer por el juez federal a todos los imputados, de las escuchas se evidenciaría que Morales es parte fundamental en la organización de las actividades de transacción y comercialización de sustancias prohibidas”.

Dura crítica

En este sentido, se denuncia: “Sin embargo, de manera llamativa, por demás sospechosa, discriminatoria y fundamentalmente sin razón seria alguna que lo justifique, el Tribunal emite un decreto con fecha 9 de junio, el cual notifica a las 12.11 horas de ese mismo día a todas las defensas, incluso al Dr. Morales (hasta ese momento defensor del imputado Rearte) de su declaración indagatoria prevista para las 12.30 horas, desoyendo los pedidos de la Fiscalía para que se ordene la detención del mismo y de la ciudadana Aráoz (ligada a éste y a Lazarte), y actuando notoriamente de manera contraria a su proceder en otras causas similares o  incluso de menor cuantía o con menor caudal probatorio, no ordena la detención de Morales y mantiene la detención de mi cliente y la del resto de consortes procesales”.

En tanto, solicitan: “En efecto, esta defensa propugna un trato igualitario para el Señor Frías, que este no permanezca detenido por el mero hecho de ser pobre, pues a pesar de su clase social le asisten las mismas garantías constitucionales que al distinguido imputado Morales”.

La investigación

La crítica no es antojadiza, según el letrado, puesto que el propio juez federal Miguel Ángel Contreras reconoce que “surge en forma clara y contundente que el abogado Juan Pablo Morales participaba activamente dentro de la organización criminal dedicada al tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes”. “Asimismo, de la prueba documental agregada a la presente causa surge, en forma irrefutable, la relación existente entre Juan Pablo Morales y Marco Antonio Rearte, al punto tal que este último se trasladaba, en algunas oportunidades, a bordo del vehículo marca Renault, modelo Duster, dominio AC501VE, propiedad de Morales, lo que demuestra la confianza existente entre ambos. Además, existen escuchas que dan cuenta de que Rearte le daba el número de teléfono del abogado Morales al individuo conocido como ‘Villa’, quien también forma parte de la banda delictiva y quien operaba en la vecina provincia de La Rioja”.

“A 15 metros del Juzgado”

Por último, el letrado defendió la honorabilidad de los colegas que se ganan la vida de forma honesta y realizó una llamativa reflexión hacia las decisiones que hasta ahora adoptó el Juzgado en el expediente: “Parece ser que no es peligroso un presunto narco de cuello blanco, no es peligroso para el proceso si el imputado es un abogado amigo de los funcionarios judiciales, no es peligroso para la sociedad que se venda drogas en las narices del Juzgado Federal, que las operaciones narco se concreten a 15 metros de la sede del Juzgado Federal, con reclusos del Servicio Penitenciario Provincial y con personas de otras provincias, con total desparpajo”.

Las supuestas amenazas

Por otro lado, ayer declaró en calidad de testigo el abogado Luciano Rojas, quien se encontraba en el interior de la sala de audiencias del Juzgado Federal, donde se estaba llevando a cabo la indagatoria de Juan Pablo Morales.

Sobre este hecho, Rojas se limitó a manifestar: “He sido citado como testigo, participé del hecho donde se le tomó declaración como imputado al doctor Morales. Vine a manifestar lo que vivencié en ese momento, nada más, porque me parece que de esta forma el sistema judicial no puede funcionar, es de una gravedad institucional inusitada el comportamiento del señor Santos Reynoso. Más allá de que pueda tener o no una investigación jurisdiccional, a lo mejor sí puede tener una sanción administrativa por parte del Ministerio Público”.

En cuanto a la causa por narcotráfico, el letrado criticó la investigación y manifestó que en el expediente no hay ninguna prueba de cargo que sindique a su defendido.

Por otra parte, consultado por la causa en la que Morales está acusado, se limitó a manifestar: “Nos está costando demasiado debido a la orfandad probatoria, mucho no tenemos para contradecir, no hay prueba de cargo que pueda llevar a semejante conclusión a que llegó el Ministerio Público, nada más y nada menos que sindicarlos al doctor Juan Pablo Morales como partícipes en una organización que se dedica a la comercialización de estupefacientes, lo cual, por supuesto, a todas luces es circo”.

Desaparecido 

En otro hecho, no menos llamativo, mientras las causas por narcotráfico y por amenazas que se tramitan en el fuero federal que tiene como eje principal al abogado Juan Pablo Morales, en los primeros minutos de ayer María Virginia Seco Biassoni radicó una denuncia por la desaparición de su marido, quien llegó a su casa presuntamente pasadas las 1.15, cuando el comando recibió la directiva de dejar sin efecto la búsqueda.

Presuntamente, el letrado había salido de su hogar en horas tempranas y al no regresar a su esposa se preocupó y lo reportó como desaparecido. Fue informada la Fiscalía en turno, desde donde se impartieron las directivas a seguir. De inmediato se movilizaron todas las fuerzas policiales para intentar dar con su paradero.