En el mes de febrero tuvo lugar la Asamblea de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, en la ciudad de Buenos Aires. La misma tuvo modalidad compartida entre presencialidad y virtualidad. La Dra. Marcia Lozada Figueroa, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca, participó de la misma y comentó que la Federación emitió un comunicado que llevó como título “Afianzar las justicias”. Uno de los temas centrales fue la situación de los femicidios y violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en Argentina, cuya gravedad y dimensión obliga a priorizar radicalmente la inmediatez y accesibilidad de los canales para que las respuestas judiciales puedan contribuir a erradicarla. Existe una amenaza real que genera consternación y angustia. Por ello, las políticas hacia dentro y hacia fuera del sistema de justicia deben orientarse de manera interdisciplinaria, a los fines de lograr una interrelación entre los diversos integrantes de todos los poderes del Estado, para permitir una respuesta integral al flagelo, tal como lo planteó la Federación. 
También expresó que se deben redoblar los esfuerzos en marcha para capacitar a las y los operadores de los sistemas judiciales en perspectiva de género, en el marco de la Ley Micaela. Esto se está dando en nuestra provincia a través de la Escuela de Capacitación Judicial. Recientemente, comentó, firmó un convenio con la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia, para organizar actividades de estudio, constituir equipos de investigación y perfeccionamiento en la temática de la discriminación y violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, entre otros objetivos vinculados al servicio de justicia con la perspectiva de género.

Por su parte, en la Declaración de la Federación también enfatiza que la solidez y calidad de la función judicial depende de modo directo de la garantía de la independencia judicial en todo el país. En este sentido, dijeron que “el primer paso lo constituye el fortalecimiento de la independencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como garante último del Estado de Derecho. Hemos asumido el compromiso de realizar todas las acciones necesarias para el fortalecimiento de los Superiores Tribunales y Cortes de Justicia de cada una de las jurisdicciones.

”Como marco de evaluación de los discursos públicos respecto de decisiones jurisdiccionales y las actuaciones judiciales, cabe separar los disensos de las descalificaciones y avasallamientos. Los primeros forman parte de la crítica indispensable para el mejoramiento de la actividad de los Poderes del Estado en una sociedad democrática, incluso cuando provengan de una autoridad pública. Algo muy distinto es pretender descalificar a un integrante de la magistratura, amenazar con la promoción de jurys, promover la sanción mediática, etc., son acciones que generan en cambio deslegitimación y debilitamiento de los sistemas judiciales.

”Por eso -expresó la presidenta de la asociación- la vía de control y eventual corrección de los actos judiciales son los medios de impugnación procesales y no las denuncias. No corresponde, como aconteció en varias oportunidades en nuestra provincia, tanto respecto de magistrados y funcionarios de la Capital como de circunscripciones del interior, que se canalicen los desacuerdos con las decisiones judiciales utilizando otros medios, amenazando con la promoción de jurys, pretensión de abrir procesos penales o promover la sanción a través de canales mediáticos. Todo ello afecta gravemente la independencia judicial, ya que la justicia debe poder realizar su labor libre de presiones, con apego a la ley y a los preceptos de la ética judicial”.
Por otra parte, agregó que “la inamovilidad y la intangibilidad salarial” son cimientos de dicha independencia judicial y que las modificaciones al Sistema Previsional y de Ganancias se enmarcan en un proceso de deterioro de las remuneraciones. Es por eso que constituye una prioridad de la FAM sostener las acciones judiciales que se han planteado cuestionando la constitucionalidad de las modificaciones al régimen previsional incorporadas por la ley 27.546. Es relevante el seguimiento de las posibles modificaciones a las pautas de movilidad que serán analizadas en consonancia con los planteos de inconstitucionalidad ya en curso. 

También la Federación expresó respecto de la eficiencia en la gestión y acceso a justicia, en que este año “será aun más necesario recurrir a los soportes tecnológicos para brindar un efectivo servicio de justicia y la adopción de tecnologías en forma más intensiva a partir de la pandemia, lo que lleva a una necesaria evaluación de las condiciones tecnológicas existentes y su impacto. Corresponde brindar apoyatura a todas las iniciativas que lleven a reforzar la tarea que los sistemas judiciales están cumpliendo a lo largo de esta crisis sanitaria”.

Estas ideas y principios, dijeron desde la Federación, “sostienen nuestra actividad a diario en la construcción de una justicia más cercana, más humana para nuestra República”, todo lo cual es compromiso permanente de nuestra institución en la provincia de Catamarca, concluyó Lozada Figueroa.