Por un caso de abuso sexual

Polémica en Recreo por la subrogación de jueces

La defensa planteó una nulidad que todavía no fue resuelta. Ahora una magistrada pretende sancionarlo.
domingo, 11 de abril de 2021 01:38
domingo, 11 de abril de 2021 01:38

En la ciudad de Recreo, en pleno proceso judicial por un caso de abuso sexual, se generó una polémica en torno a una orden de subrogancia que tienen los jueces que deben emitir fallos sin estar sujetos a consecuencias por su mal proceder.
Una abogada de apellido Torrado, quien subroga al recientemente inhibido juez  Adep Calderari, pretendería forzar una audiencia de prisión preventiva para un acusado de abuso sexual sin antes resolver una cuestión de fondo planteada por el letrado de la defensa, representada por Fernando Contreras.


Según indicó el representante legal del acusado, las causales de inhibición del juez civil de la ciudad de Recreo no se encuentran comprendidas en el listado de causales requeridas para evitar tener que resolver en este caso en que la jueza de Control de Garantías natural, Corina Pérez, se encuentra de licencia.


Por este motivo, el lugar de magistrado fue tomado por una letrada del fuero local, quien pretendería llevar a cabo la audiencia el próximo martes, a pesar de que por simple decreto resolvió no hacer lugar a los pedidos del abogado defensor, lo que genera un grave caso de violación a los derechos de defensa, según cuestionó Contreras.


No obstante, mientras la magistrada subrogante advirtió al abogado defensor sobre posibles sanciones en caso de no presentarse el próximo martes, también señaló que de forma arbitraria podría dejar con defensor oficial al acusado, en caso de que el abogado particular no se presentara. 


La cuestión de fondo no será tratada en esta oportunidad, pero destacaremos que el pasado mes de diciembre la Corte de Justicia emitió una acordada por la cual determinaba el orden de subrogancia, tal como se dio en este caso.


Lo cierto es que al adoptar criterios nuevos, los abogados del foro local pueden sentar precedentes sin que la Justicia pueda sancionar si su accionar viola o no las garantías constitucionales. Ello genera gran incertidumbre, ya que además, en este caso, la abogada litiga también en el mismo fuero penal donde debe emitir su fallo.

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