Ayer, en el salón San Martín de la Corte de Justicia de Catamarca, arrancó el juicio contra el fiscal de la tercera Circunscripción Judicial de Belén, Jorge Flores, quien en septiembre de 2020, en plena pandemia, habría hecho uso de sus fueros para beneficiar a una empresa de transporte propiedad de su esposa. 

En la primera jornada, se escuchó la declaración del cuestionado funcionario judicial, quien negó haber cometido un delito, sino aseveró que pidió “un favor”. Cabe destacar que en otro tramo de su declaración solicitó ayuda “al partido” ya que interpreta que esto se trata de una cuestión política, más que un cuestionamiento a su desempeño como representante del ministerio público.
La polémica declaración del fiscal dejó atónitos a los jueces del Tribunal de enjuiciamiento, quienes le consultaron  a qué se refería, a lo que el cuestionado funcionario decidió evadir y sostener que se trata de una “venganza” por parte de un funcionario político, quien antes era “piquetero” y que, por ese hecho, le habría armado causas penales, lo que ahora lo dejó en el ojo de la tormenta.

Andalgalá, zona liberada

Las declaraciones polémicas de Flores no solo se quedaron en una “venganza”, sino que apostó más allá y aseguró que a él lo quieren sacar del cargo porque tuvo una gestión impecable; y aseguró que si se jubila o se aparta, Belén va a ser igual que Andalgalá, en referencia al descontrol de la ciudad de Andalgalá por cuestiones inherentes a la minería.

Según el propio testimonio, el fiscal defendió su gestión y se comparó con sus colegas andalgalenses, al asegurar que evitó en su jurisdicción que  los “piquetes” lleguen a mayores y que resultaran personas lesionadas, por lo cual siempre recibió felicitaciones por parte de las autoridades de la provincia, teniendo en cuenta el manejo de estas cuestiones. 
 
Hecho

Flores está acusado de abusar de su autoridad como órgano de aplicación de las medidas dispuestas por el COE para mitigar la propagación de una pandemia. El 12 de septiembre de 2020, el funcionario se habría comunicado con funcionarios del COE de Antofagasta de la Sierra y un comisario de Policía para pedirles que dejaran pasar camiones con alimentos perecederos de la empresa de transporte propiedad de su esposa. 

Aparentemente, los vehículos de gran porte habían sido detenidos en un control, mientras se trasladaban con provisiones desde la ciudad de Belén hacia las minas ubicadas en el Salar del Hombre Muerto. Durante un operativo de rutina, se descubrió que los choferes tenían los PCR vencidos, por lo que en un primer momento se les había impedido el ingreso. 

Ante esta eventualidad, el fiscal se habría comunicado con personal sanitario que estaba en dicho operativo y les solicitó que dejaran pasar los camiones. Lo cierto es que, minutos más tarde un comisario de apellido Oliva habría llamado a los efectivos que estaban apostados en el sitio, para que dejaran atravesar los vehículos hacia su destino, violando así las disposiciones aplicadas por el Ejecutivo para evitar la propagación del virus. 

Según se ventiló durante la jornada de ayer, el fiscal no se habría comunicado con el efectivo policial de alto rango, sino que podría haber sido “su esposa”, declaró Flores, quien se mostró arrepentido de haber solicitado “un favor”. 
Lo curioso es que el funcionario judicial, quien a su vez tramitaba causas penales iniciadas contra personas que habían violado el DNU del Presidente en la ciudad de Belén, habría mandado un mensaje invocando su nombre a autoridades de salud del COE para que omita a modo de “excepción” la regla que él mismo era el encargado de aplicarlas. 

Sumarios administrativos 

Vale destacar que, por otro lado, previo al juicio político que motorizó la recepción de alrededor de 40 testimonios, el fiscal tenía al menos siete denuncias ante la el Tribunal de Jury por otros hechos. Los cuales en su mayoría fueron desestimados, pero, algunos de los mismos fueron a parar a la secretaría de Sumarios de la Corte, para determinar si son pasibles de alguna sanción de tipo administrativa. 

Causa penal  

Por otro lado, en paralelo a este juicio político se lleva adelante en la Justicia penal una investigación en contra de Jorge Flores por el delito de “tráfico de Influencias”, por lo que está sospechado junto a otras personas que habrían formado parte de este hecho.

El juicio 

El debate se desarrolla de manera semipresencial en ámbitos de la Corte de Justicia, cuyo tribunal está integrado por el presidente de la Corte, Miguel Figueroa Vicario, junto a Raúl Chico representando al Senado, por la cámara de Diputados, están Augusto Barros y Juana Fernández y los representantes del Colegio de Abogados son María Antonia Rojo y Adriana del Carmen Gómez.
El fiscal de Jury es Alejandro Dalla Lasta, mientras que  la defensa del cuestionado funcionario judicial está a cargo de Ricardo Riol y Samuel Aguiar. 
El debate que se lleva adelante en el amplio Salón San Martín, donde por razones que se desconocen no está permitida la prensa escrita -solo fotográfica-, pasó a un cuarto intermedio para hoy con la declaración de los primeros testimonios.