Ayer a la mañana se escucharon los alegatos en el marco del juicio que se sigue contra Naim Vera Menem por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo y el Ministerio Público solicitó la pena máxima para el joven, considerándolo   autor penalmente responsable del delito “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y violencia de género”, lo que significa una pena de prisión perpetua, de acuerdo al Código Penal.

Luego de las conclusiones de todas las partes, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio para hoy a la mañana, cuando se le dará la posibilidad al imputado de emitir sus últimas palabras y luego se conocerá el veredicto de los jueces de la Cámara Penal N°1 Fernando Esteban, Mauricio Navarro Foressi y Carlos Moreno.

Por su parte, la querella consideró que existe, agregado a estos dos agravantes, el de “alevosía”, por lo que pidió que el delito cometido por el joven sea triplemente calificado, a la vez que solicitó un resarcimiento económico como Actor Civil.

La defensa del joven, por su parte, pidió una condena de 16 años de prisión, a la vez que consideró que ninguno de los agravantes planteados puede sostenerse desde el punto de vista de las normativas legales vigentes.

Fundamentos de las partes

Por su lado, el Ministerio Público Fiscal, representado por Jorge Silva Molina y el fiscal coadyuvante Hugo Costilla (quien oportunamente llevó adelante la investigación del femicidio) hizo un repaso de los testimonios que se escucharon en el transcurso del debate, y sostuvo los agravantes haciendo hincapié en las declaraciones de las amigas de la joven asesinada, quienes manifestaron que entre el agresor y ésta existía una relación de pareja. 

Los dos fiscales también hicieron foco en el estado de “plena conciencia” de Vera, en contraposición con lo declarado por los peritos psíquicos de parte, quienes sostuvieron que el joven actuó en un “estado crepuscular” a causa de los hostigamientos de la joven, quien exigía que se haga cargo de su embarazo.

“Antes, durante y después del hecho, tuvo conciencia de su accionar”, puntualizó Silva Molina, indicando que quedó demostrado que existió “dolo homicida”.

Costilla, por su parte, consideró que en su confesión, el joven le atribuyó la culpabilidad de sus hechos a la víctima en un intento por invertir los papeles que se jugaron en la dinámica que hubo entre ellos. También otorgó mayor credibilidad a los peritos oficiales, quienes dieron su parecer en cuanto al estado psíquico del agresor, describiéndolo como compatible con rasgos psicopáticos de la personalidad.

El fiscal también reprodujo textualmente a un audio en el que Vera se refiere a Brenda Micaela como una “negra chota” a la que había que matar en un diálogo con un allegado.

A su vez, habló de la evidente falta de empatía de Vera ante la situación de la joven, a  la que tomó como un escollo en la concreción de sus metas personales.

Querella

Por su parte, el abogado Bruno Jerez, en su rol de Actor Civil, solicitó un resarcimiento económico de 13 millones de pesos, teniendo en cuenta el grave padecimiento que vive la madre de la joven desde su famicidio y que era parte del sostén de la familia con sus ingresos económicos.

También hizo hincapié en el padecimiento moral, espiritual y psicológico que la falta de su hija significa para la mujer, lo que conllevó a la disminución de su potencial en el sentido económico y otros.

Sebastián Ibáñez, por su parte, desde el punto de vista penal de la querella, adhirió a lo expuesto por el Ministerio Público, agregando que por el accionar desplegado por el imputado, se debe considerar también condenar con el agravante de “alevosía”, lo que no fue propuesto por la Fiscalía.

El letrado argumentó esto teniendo en cuenta la premeditación con la que habría actuado Vera, quien socializó con otras personas su deseo de matar a Brenda Micaela y también buscó a un tercero (el sicario) para que concrete su objetivo, aunque al no ocurrir esto último, acudió a un “plan B”, que fue matarla él mismo.

Defensa

La defensa del imputado, encarnada por el abogado cordobés Gonzalo Ferreras, expuso aproximadamente una hora sobre los fundamentos por los que el Tribunal no debería aceptar como legítimos los agravantes que significarían la pena de prisión perpetua para el acusado y analizó uno por uno los puntos normativos de lo que dispone el Código Penal, citando jurisprudencia a nivel nacional pero también de fallos emitidos por la Cámara Penal en la que se debate el juicio (como el femicidio de María Rita Valerdez a manos de Francisco “Negro La Carpa” Quiroga).

El letrado expuso que no quedó comprobado que haya existido una relación de pareja entre la víctima y el agresor, ya que no se dieron los preceptos que la ley contempla para que esto se cumpla, es decir, “una unión basada en una relación singular, pública, notoria, estable y permanente”, sino que se trataba de una relación esporádica y casual que el joven manifestaba no querer mantener en el tiempo.

El letrado también hizo hincapié en que la joven “no estaba, no estuvo y no podía estar embarazada”.

A su vez, indicó que no había pruebas concretas de que haya habido malos tratos que sean considerados violencia de género en la relación sexoafectiva que mantenían los jóvenes, ya sea desde el punto de vista físico, sexual, económico o psicológico.