La joven que denunció por acosos sexuales al intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, pidió a la presidente de la cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, que aparte de su función al jefe comunal hasta tanto la Justicia investigue las dos presentaciones en su contra. 

La presunta víctima, mediante una nota elevada a la máxima autoridad de la cámara baja, señala que de manera preventiva Guaraz debería dejar de estar al frente de la comuna por las denuncias penales en su contra. 

La joven elevó idéntica solicitud al presidente del bloque Frente de Todos de la cámara de Diputados de la provincia, Marcelo Murúa.

En el escrito,  la joven señala: “En mi caso -que es de público conocimiento-la máxima autoridad municipal se habría aprovechado de su función de intendente en pos de lograr que la suscripta ceda frente a sus pretensiones sexuales que viene reclamándome infructuosamente desde hace más de cinco años hasta el colmo de haberme clausurado mi única fuente de ingreso”. 

En idéntico sentido manifestó, “considero que hoy  está en manos de los señores legisladores la real posibilidad de resguardar y reequilibrar el derecho de género que me asiste como mujer, el cual ha sido denigrado al punto de sentirme totalmente vulnerable, intimidada y con temor a represalias  de todo tipo ya que es sabido cómo este señor se maneja”. 

En diálogo con este diario, la joven había comentado que junto a su familia tienen un emprendimiento hotelero y gastronómico, explicó que “nosotros somos independientes del municipio y buscó la manera de ponernos trabas en la habilitación, dando vueltas para que no nos habiliten”.

 En este sentido indicó que trató en reiteradas oportunidades de hacer el pago correspondiente para el funcionamiento del comercio, pero el intendente “condonó” este pago, lo que luego  les fue informado. “Pero evidentemente, al ver que no iba a obtener nada con sus propuestas hacia mi persona, salió con que teníamos una deuda y nos terminó clausurando definitivamente”, explicó.

La presunta víctima remarca la importancia de que se tenga en cuenta el derecho de género de las denunciantes.