Romina y Celeste Ferreyra, dos maestras de un jardín maternal que fueron denunciadas por maltratar a 13 niños de entre 2 y 4 años, irán a juicio luego de que el fiscal de Instrucción Penal N°5, Hugo Costilla, concluyera la investigación penal de la causa.
Los hechos por los que responderán las hermanas salieron a la luz en mayo de 2018, en el jardín maternal denominado “Mi pequeña sonrisa”, cuando se descubrió que dos maestras y la dueña (que son madre e hijas) habrían maltratado física y psicológicamente a los pequeños.

La ordenanza del lugar, que presenciaba estos presuntos malos tratos diariamente,  grabó videos y audios de estas situaciones, que envió a los progenitores de algunos de los padres de los alumnos.

“Desde la querella aportamos todas las pruebas necesarias para acreditar los hechos. Además de los videos y los audios, declaró la ordenanza y también se les recibió declaración en Cámara Gesell a algunos de los pequeños, quienes, con sus palabras y en su lenguaje, manifestaron que fueron víctimas. A su vez, pedimos informes al ministerio de Educación, lo que dio cuenta de que una de las acusadas no contaba con título docente y también nos dimos con que el lugar no estaba habilitado para funcionar como Jardín Maternal, o sea que era un jardín clandestino”, explicó el abogado querellante que representa a dos progenitores de los pequeños, Sebastián Ibáñez.

“Se detectó, de esta forma, el poco control que el ministerio  y el Municipio ejercían sobre este tipo de establecimientos”, agregó, indicando además que “fueron imputadas en un primer momento las dos maestras y la madre, pero luego la causa quedó en una especie de letargo hasta que hoy (por ayer) el fiscal Costilla, quien se tomó el tiempo y compiló el material probatorio necesario elevó la causa a juicio”.

“Destacamos que el fiscal aplicó la perspectiva de Infancia”, precisó, a la vez que explicó que las mujeres, de ser halladas culpables en el juicio, podrían enfrentar una pena de prisión  por 13 años, “ya que son 13 niños las presuntas víctimas”.
Cabe recordar que las docentes habrían ejercido violencia no solo mediante golpes, sino también castigos y agresiones verbales y psicológicas, como encerrarlos, mojarlos en época invernal o hacerlos correr excesivamente. Los padres sospecharon cuando los niños comenzaron a presentar conductas irregulares, como no querer bañarse, negarse a hablar y hacerse sus necesidades encima, entre otros signos de estrés postraumático.