Esta semana se conoció que el abogado de Cristian Guillou en el marco de la causa que se tramita en la Justicia Provincial por el conflicto del Complejo Wika, ofreció como testigo a la exgerente de la empresa “Adhemar Capital” en Córdoba, la cual curiosamente no está imputada en la causa por las múltiples estafas que enfrenta Edgar Adhemar Bacchiani.

Cabe recordar que el abogado Juan Manuel Zavaleta, quien representa a Guillou, amplió su denuncia sindicando a la escribana Joaquina Córdoba Gandini, Alejandro Segli y al abogado de este último, Luis Gribaudo, como partícipes de una maniobra para desprenderlo de su propiedad. En ese contexto el letrado ofreció a la Justicia que cite a testificar a Aldana Donato, quien era la representante de la financiera en la vecina provincia.

A pesar de que el letrado que asiste a la presunta víctima manifestó a este diario que no representa al empresario en la Justicia Penal, trascendió que la ampliación de la denuncia en la Fiscalía N° 3, a cargo de Federico Maturano lleva su firma, informaron las fuentes judiciales consultadas.

Teniendo en cuenta esto, se conoció además que en la causa federal que se tramita contra la financiera liderada por Edgar Adhemar Bacchiani, Zabaleta se constituyó como querellante en representación un grupo de supuestos damnificados, entre ellos Cristian Guillou.

Lo llamativo es que el domicilio legal que acusa el representante del empresario está ubicado en calle República 367, el mismo que su colega Arturo Herrera Basualdo presentó en la Justicia. Este último asiste como abogado a José Blas, uno de los principales imputados que tiene la causa. Es decir, el querellante y el abogado defensor reciben las notificaciones de la Justicia en el mismo estudio jurídico.

Acuerdo transaccional

En el marco de las denuncias que se tramitan en la Justicia Penal Provincial, en donde Cristian Guillou fue imputado por el delito de usurpación, confirmada por el Juzgado de Control de Garantías N° 3 a cargo de Rita Cisternas, como contrapartida, este último acusa a Lucas Retamozo, el abogado de Bacchiani, por presuntamente colaborar con el “Trader God” para insolventarse en forma fraudulenta.

En este contexto, las fuentes judiciales consultadas manifestaron que el acuerdo por la adquisición del Complejo Wika se trataría del tipo “transaccional”, lo que no concordaría con la denuncia presentada por Zabaleta, que da cuenta de que se trataría de la “compra venta de un inmueble”.

Es decir: Guillou cedió a Bacchiani en su totalidad los derechos posesorios de la propiedad ubicada en la zona de El Jumeal a cambio de un precio pactado en divisa extranjera, conforme un recibo cancelatorio del pasado 25 de agosto de 2021, que obra en las actuaciones judiciales presentadas por el mismo Cristian Guillou.

Esto último dejaría en evidencia que Guillou habría decidido “invertir” en “Adhemar Capital” su parte para generar dividendos y hasta la caída de la empresa, según documentos presentados, ya había acumulado retornos durante un año, de acuerdo a las pruebas ofrecidas por la defensa de Bacchiani.

Según la defensa del “Trader God”, el acuerdo transaccional con Alejandro Segli se llevó a cabo el 17 de febrero de 2022, donde cedió a su vez los derechos del complejo al titular de la Federación Económica de Catamarca, a cambio de una deuda contraída por la provisión de aberturas que ascendería a los USD 150.000 y este último habría completado la pretensión -valor del inmueble- del disponente con una diferencia, según consta en el expediente.

Ahora Segli también reclama su derecho ya que, de acuerdo a otra acta y documentos fotográficos que constan en el expediente, el pasado 18 de febrero, este había tomado posesión del inmueble. Por este motivo, entró en la disputa y busca una solución mediante la Justicia Civil.

Sobre las actas cuestionadas

Por último, es necesario resaltar que de acuerdo a la denuncia de Guillou, en la cual habría puesto en duda la legalidad de las “actas” correspondientes a los libros requeridos a la Escribanía Gandini que constan en las actuaciones judiciales, fuentes profesionales de área consultadas por este medio señalaron que las mismas son un registro de requerimientos donde solo constan los datos de las personas a las cuales se les certificó una firma y el tipo de instrumento.

Es decir, siempre se tratan actos jurídicos privados donde el fedatario no juzga ni conoce necesariamente su contenido, solo certifica la identidad de la persona, lugar y fecha que imprime su firma. En algunos casos incluso pueden concurrir todas las partes que componen el contrato al mismo tiempo, o solo una de ellas, incluso hacerlo en tiempos diferentes, razón que motivaría la utilización de otra acta para el mismo instrumento, pudiendo hacerse incluso en diferentes escribanías de la misma jurisdicción, incluso en otra provincia y/o país, explicaron.