1) En el Año 1.973/74 intervine, ya como abogado, en un abuso ocurrido en la Comisaría 5ta., en el que un trabajador, al resistirse a su ilegal detención, sin motivo ni razón alguna, fue brutalmente golpeado, terminando con fracturas de costillas. Los policías responsables nunca fueron procesados.

2) Años después intervine en otro grave hecho: a un hombre joven de apellido Barrionuevo, detenido en la Comisaría de Andalgalá, le presionaron en brutal apremio el nervio vago simulando ahorcamiento para obtener una confesión, provocándole un paro cardiaco que terminó con su vida. Frente al encubrimiento judicial de los policías  criminales, tuve que demandar al Estado, reclamando el daño material y moral causado. El Estado pagó la condena civil y los policías continuaron en sus funciones.

3) Luego intervine en el “Caso Pachao”. Este joven fue privado ilegítimamente de su libertad, conducido a la Comisaría Octava, en pie; ingresó caminando, y en igual condición  fue trasladado a control médico. Unas horas después fue sacado de su calabozo en estado de coma por la brutal golpiza y actos de tortura padecidos. Hace unos días, después de 10 años, la Justicia declaró culpable a algunos de los policías por privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes funcionales. Empero absolvió por la tortura seguida de muerte.

4) El 5/6/17, Enzo B. Carrizo, de 18 años, que salía de la DISCO BIGOTE, a “quemarropa”, un policía le disparó con el arma reglamentaria un balazo de goma, haciéndole estallar el globo ocular. Así aniquilaron su vida y el policía que efectúo el disparo y los “colaboradores” del criminal hecho siguen en funciones. Tramité una acción por daños en contra del Estado, por la responsabilidad que le cabe por los actos criminales de sus dependientes.

5) El 24/2/2022, un policía de Pomán, DIEGO G. ORTEGA, con su arma reglamentaria y a quemarropa también, asesinó a su expareja y milagrosamente no mató en el mismo acto homicida a su hija. El sujeto había sido denunciado por violencia familiar y sin embargo las autoridades “superiores” nada hicieron, y le restituyeron el arma con la que cometió luego el crimen, hiriendo a su hija. El Estado fue demandado.

6) El joven Ricardo Paucará, detenido por policías “encapuchados”, fue víctima  en la Comisaria Décima, de apremios ilegales, recibiendo una brutal golpiza que le provocó fisura de intestino y hematomas múltiples, no habiéndose aún recuperado.
No señalo otros hechos de pareja gravedad que muestran el modus operandi desde hace más de 50 años de la policía, brevitatis causae. Ningún gobierno, y menos el actual, tomó decisiones para evitar estos abusos y crímenes, que fueran más allá de “negocios”, “contrataciones espurias” en la compra directa o licitaciones fraguadas de armamento, equipos de seguridad, incluidos cientos de automotores y motocicletas para garantizarles la impunidad a los policías “bravos” y “criminales” que utilizan el poder estatal para encubrir sus abusos y crímenes.

7) Otra modalidad para delinquir: acuerdos espurios con municipios corruptos
El 15 de septiembre/22 fui personalmente víctima de un abuso policial en el control  de la Ruta Nac. 38, en N. Coneta. Antes de las 8.30 hs. pasé hacia la citada localidad,   indicándoseme que prosiguiera, ya que transito dos o tres veces por día, por lo que me conocen y ubican. Al regresar, a las 9.05, detengo la marcha y me piden el carné de conducir. Lo busco rápidamente en la guantera y no lo encuentro en ese momento, pero señalo que tenía carné habilitante y que el mismo vencía en enero/23. Me señalan que avance y detengo el automóvil a unos 30 metros del control, sobre la banquina, y sin evadir control alguno, desciendo, explico lo señalado e igualmente se me hace el ACTA DE CONSTATACIÓN, en la que se consigna que no había exhibido el carné. No surge de ella retención ni secuestro alguno del vehículo, ni orden de autoridad competente para privarme del derecho a circular. Sin embargo, no se me permite seguir; se me priva de tal derecho, ya “que no iba con acompañante con carné que pudiera sustituirme al volante”, y en el acta se consignaba que tenía tres días hábiles para formular el descargo. Una persona conocida me trae a la ciudad, busco el carné transitoriamente extraviado, vuelvo al control, ingreso a mi automóvil y busco detenidamente otro ejemplar que debía tener allí salvo que me lo hubieran sustraído. Al fondo de la guantera encuentro el mismo. Exhibo el carné que traía y advierto que tenía y tengo tres ejemplares, y que por tanto estaba perfectamente habilitado para conducir mi propio vehículo, debiéndose dejar sin efecto el acta labrada y proseguiría mi marcha en el vehículo en el que había llegado al lugar. El Jefe del Control me niega el derecho que me asistía, no solo de rectificar el acta que no había sido firmado por mí, sino también el derecho en el auto. Insisto en la defensa de mi derecho constitucional a circular al no existir motivo ni orden judicial de secuestro del vehículo. En el colmo de los abusos y arbitrariedades, me expresa sin orden alguna que el vehículo quedaba retenido hasta que pagara la multa. Le expreso que eso era abusivo, ilegal y delictivo, ya que nadie podía obligarme extorsivamente a pagar una pretendida multa cuando ni siquiera estaba vencido el plazo de descargo.

Y cuando decido subir a mi vehículo, intenta impedírmelo llevando su mano a la pistola reglamentaria como señal de que me dispararía. Entonces, le digo: DISPARE. SEA VALIENTE, COMETA EL CRIMEN QUE AMENAZA. Ello lo detiene en su criminal intento. Le reitero que estaba actuando delictivamente, subo a mi automóvil y arranco hacia la ciudad. Entonces, el sujeto que actuaba de Jefe del Control Policial acciona el llamado código rojo y unos diez automóviles y motos de gran cilindrada salen en mi persecución apuntándome con armas largas, tirándome los vehículos policiales sobre mi automóvil, amenazándome con disparar armas largas, peor que en la época del proceso militar, cuando se perseguía a un supuesto guerrillero. En la calle Zurita y Caseros logran cruzarme un vehículo de la Comisaría 5ta., y un enjambre de “malditos policías”, autómatas que no sabían por qué estaban allí, violentamente intenta arrancarme las puertas del auto, otros  amenazaban romperme los cristales con las culatas de sus armas para ingresar al vehículo y seguramente matarme a golpes. Esta es la policía de nuestra provincia. Para esto, el Estado le brinda medios, armas y recursos, que utilizan hacer cumplir abusivamente sus delictivas pretensiones, contrarias a la Constitución y al derecho.

¿Por qué tanto abuso y empecinamiento delictivo? Por el sucio negocio que existe entre la policía y el corrupto Municipio de Huillapima, en virtud del cual se distribuyen “las recaudaciones ilícitas” que obtienen a través de ilegítimas ACTAS DE COMPROBACIÓN, y que los ciudadanos humildes abonan de inmediato para recuperar sus vehículos. El control caminero se convirtió así en una fenomenal y delictiva caja de recaudación, ya que de la otra caja “grande a nivel de Jefatura de Policía y Ministerios de Seguridad y de Gobierno”, generada en la compra de vehículos motos y equipamiento de la más variada índole, no participan los policías comunes. En otra nota denunciaré el altísimo costo de la “corrupción” por el mantenimiento del aparato policial al “servicio de los abusos y crímenes”. Por ello, el Jefe General de Policía y la “Ministra de Seguridad” no respondieron la denuncia que formulé por C.D., ya que seguramente participan de esa “caja recaudadora”.

JOSÉ ALBERTO FURQUE
(DNI 6.086.385)