El fiscal de instrucción Jonathan Felsztyna elevó a juicio la causa en la que una cabo de Policía arrestó violentamente a dos comerciantes que limpiaban la vereda de un local comercial en pleno centro. 

Fuentes judiciales informaron que Fernanda Gabriela Santillán fue imputada por el delito de “privación abusiva de la libertad en concurso ideal con lesiones leves calificadas, por haber sido cometido por miembro policial en abuso de sus funciones”.

Cabe recordar que, el hecho inició durante un confuso arresto ocurrido el pasado 14 de agosto de 2021, cuando en horas del mediodía, una comerciante que había tenido un altercado con un transeúnte, fue arrestada tras haberse negado a brindar sus datos personales junto con su empleada.

El episodio sucedió en calle Sarmiento, a metros de calle Esquiú, donde presuntamente, como cada día, una mujer se encontraba limpiando la vereda de un local comercial pero otra mujer mayor de edad que pasaba por allí, resbaló y cayó al piso. Este hecho, tras un cruce de palabras, habría ameritado una denuncia por parte de la supuesta damnificada.

Un hecho que podría ser cotidiano, con el correr de los minutos se agravó y hasta incluyó un claro abuso de autoridad por parte de una efectivo de la Policía de la provincia, quien en forma brusca aprehendió y trasladó hasta la comisaría Primera a las dos trabajadoras del comercio de calle Sarmiento al 500.

El violento episodio fue registrado por ocasionales testigos y requirió la intervención incluso del jefe de Policía, quien dejó sin efecto las medidas adoptadas por la efectivo policial. Al interiorizarse sobre la situación ocurrida, ordenó su traslado y el inicio de una investigación administrativa para determinar el grado de responsabilidad de la numeraria.

Aparentemente, unas de las excusas que habría utilizado la mujer policía para hacer uso indiscriminado de la fuerza pública fue que las comerciantes se habrían negado a proporcionar los datos personales, lo que es una simple contravención.

Al respecto, el jefe de Policía, Ángel Agüero dijo en su oportunidad: “Consideré que no ameritaba la privación de la libertad en ese caso y como juez de Faltas ordené el cese del arresto”. 

Días después, la cabo de Policía violenta, fue pasada a disponibilidad. La medida fue tomada por la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad el pasado 21 de septiembre de 2021.

Finalmente, la funcionaria policial quedó imputada por “privación abusiva de la libertad en concurso ideal con lesiones leves calificadas por ser cometidas por un miembro policial con abuso de su función” (hecho nominado primero)  y “privación abusiva de la libertad” (hecho nominado segundo) todo en concurso real y en calidad de autor.