La Cámara de Apelaciones hizo lugar al pedido de la defensa del intendente Elpidio Guaraz y dispuso que la joven que lo denunció por abuso sexual y distintos maltratos preste su testimonio nuevamente, aunque ya lo hizo en la primera etapa de instrucción.

También el fallo dispone que la psicóloga del CIF (Cuerpo Interdisciplinario Forense) que realizó las pericias a la joven deberá efectuar un nuevo informe. El fallo fue firmado por los jueces Elena Berrondo Isí, Edgardo Álvarez y Patricia Olmi.

Al respecto, el abogado querellante de la joven denunciante, Luis Muñoz y Pérez, expresó a El Esquiú.com que “la Cámara ha resuelto que la víctima vuelva a prestar declaración y otras medidas procesales vinculadas a actores que ya intervinieron este proceso”.

En este sentido, el letrado indicó que en la acordada del Protocolo de actuación para el abordaje de los hechos de Violencia Familiar y de Género, al que la Corte de Justicia de Catamarca adhirió en 2021, “claramente explicita la postura en relación a los derechos de las mujeres a la cuestión de género, a las de victimización, en torno a los procesos penales. (…) Queremos manifestar nuestra gran preocupación por el avasallamiento y retroceso” que esto implica.

“Tal postura no solamente significa una resolución para este caso, sino que es una muestra clara de cuál es la interpretación que se efectúa y que deben efectuar los organismos en casos similares que involucran a mujeres víctimas de violencia de género. (…) Esto es grave, ya que involucra al poder público encargado de interpretar y aplicar la ley y en este caso concreto, en relación a las personas más vulnerables de la relación procesal”.

Muñoz y Pérez consideró, además, que la resolución “abre la puerta para permitir innumerables planteos dilatorios y defensas espurias”. “No deja de asombrar que los antecedentes judiciales en la materia hayan sido cambiados en este caso en particular que involucra a un funcionario altamente conocido en la provincia, lo cual nos genera zozobra y desazón”.

Cabe mencionar que en el Protocolo al que hace referencia el querellante, se especifica que la presunta víctima tiene derecho “a recibir un trato respetuoso y humanizado, evitando la revictimización”. El documento al que adhiere el Estado Provincial establece que “se entiende por revictimización el sometimiento de la mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, así como también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto de exámenes médicos repetidos, superfluos”.

El próximo 29 de junio se dará lectura de los fundamentos de los magistrados.

Cabe recordar que el jefe comunal fue denunciado por una joven con quien mantuvo una relación sentimental por años, la que inició cuando ella tenía apenas 16 años. De acuerdo a la joven, en ese lapso de tiempo sufrió vejaciones de distinta índole, como abuso sexual y la privación temporaria de su libertad, y debió escapar escondida de Santa Rosa para poder radicar la denuncia penal.