El fiscal especializado en delitos contra la administración pública, Facundo Barros Jorrat indagará al excamarista Juan Pablo Morales, en la causa que se encuentra imputado por “cohecho pasivo agravado” junto a su par Raúl Da Prá, quienes son investigados por el supuesto pedido de coimas.

El procedimiento penal había quedado pendiente, ya que uno de los abogados acusados cuestionó el decreto de determinación del hecho y el representante del ministerio público fiscal no pudo concretar el llamado a prestar declaración y posterior ingreso a los prontuarios policiales de ambos.

Raúl Da Prá se presentó el pasado jueves a la indagatoria y negó la acusación. Morales, por su lado, pidió prórroga y la indagatoria se fijó para hoy a las 19 horas.

El escándalo 

De acuerdo a la investigación que surgió luego de hacerse viral el video en que se observa a quienes en ese entonces cumplían la función de camaristas, hablando y recibiendo una presunta coima, se investiga que habrían recibido un total de $ 820.000 dividido en partes iguales, en un hecho ocurrido entre el 5 de diciembre de 2019 y el 18 de febrero de 2020.

El dinero habría sido enviado por el imputado Daniel Jiménez,  quien actuando mediante una persona que no pudo ser identificada por la instrucción, solicitaba a los magistrados que se revoque la prisión preventiva que lo mantenía detenido por esos momentos, lo que habría ocurrido finalmente en marzo a partir de una resolución dictada por los ahora imputados.
Jiménez, por lo tanto, fue imputado por el delito de “cohecho activo agravado” (figura con la que se denomina a quien ofrece la “coima”) y los jueces por “cohecho pasivo agravado” (figura legal que describe a quien recibe el dinero/ servicio/ favor).
El video trascendió las fronteras de Catamarca y fue emitido en canales de noticias a nivel nacional a fines de junio de 2020. En paralelo la Corte de Justicia de Catamarca inició un proceso de Jury contra ambos sospechosos, hecho que terminó en la renuncia de ambos a sus cargos. 

Si bien, en un principio la causa penal tuvo encontronazos entre distintas posturas jurídicas ya que se cuestionaba el inicio de un proceso penal convencional por tratarse de magistrados y se planteó el pedido de desafuero que se terminó de dirimir cuando ambos abandonaron sus fueros.