Mientras la causa contra la financiera “Adhemar Capital” se pone cada vez más engorrosa y desdibujada, el abogado Lucas Retamozo, quien representa a Edgar Adhemar Bacchiani, habló del estado de la causa y sostuvo que la resolución del conflicto está “a una medida de prueba”, que es totalmente válida pero que depende del juez federal Miguel Ángel Contreras.
Actualmente, la defensa presentó un recurso de reposición ante la última negativa del juez federal pero para el letrado, a pesar de estar desbloqueada, “ahora a Bacchiani no se le permite demostrar lo que tiene”.

En diálogo con El Esquiú.com, Retamozo sostuvo: “Un derecho no es algo que alguien te da, sino algo que alguien no te puede quitar, y en esta causa a Edgar Bacchiani se lo quitaron siempre, coincidentemente a las víctimas también, por iguales o diferentes motivos, todos solicitaron se le permita a mi defendido acceder a las cuentas, mediante las cuales podrá, luego de verificarlas, demostrar que sí existen los fondos para concretar los pagos adeudados, lo que a la fecha se negó reiteradamente mediante decretos  o resoluciones que se apartaron de ser razonablemente fundados. Ahora bien, advertimos la vulneración al derecho de defensa de Bacchiani, lo que repudio lisa y llanamente, de igual forma el de las víctimas a ser oídos, que no es lo mismo que ser escuchados o leídos, ¿entonces cuáles intereses son los que hoy protege la Justicia?”, cuestionó.

En este sentido, aclaró: “Desde que mi defendido fue detenido, expresó tener la voluntad de pago. Si bien se llevaron a cabo medidas que parecían tener la intención de permitir trabajar sobre ello, las mismas no fueron suficientes en medio del enorme caos que se atravesaba, entre los bloqueos de cuentas, allanamientos, detenciones y demás actos ordenados por diferentes órganos judiciales que avasallaron a Bacchiani. Lo cierto es que se despacharon innumerables decretos, oficios, diligencias, se trabajó en feria, lo que a criterio del magistrado era oportuno, pero la única verdad es que a lo importante aún no se lo ve”, lamentó.

Condicionado criterio
En tanto, Remozo agregó: “Resulta difícil entender el condicionado criterio adoptado por el órgano judicial, teniendo tan amplia experiencia en llevar a cabo medidas de investigación, y que bien sabe, estas no siempre se efectivizan en horas o en el plazo establecido, todo lo contrario; y que ello no significa que la misma deba ser descartada, prorrogada ni mucho menos tildada de ineficiente, solo se trata de reiterarlas, siempre que no altere ningún principio o garantía penal, en especial el debido proceso”, remarcó.

“Si la expectativa de producción de las pruebas funcionara siempre con tanta rigidez y exigencia como sucede con el caso particular de Bacchiani, que por un intento que no se logró concretar, por cuestiones ajenas a su persona, la Justicia lo castiga, lo somete, lo humilla, lo expone ante los inversores que claman los pagos ante la desesperación, le restringe el derecho de defensa y de pagar”. 

En tanto, en relación con las fallidas 72 horas, Retamozo añadió: “La procedencia de esos pares de horas no significaron jamás un acto de bondad, sino medidas de pruebas que necesitaron de más tiempo para producirse. Y es lo que hoy se le niega a mi defendido, generando desesperación temor y desazón, en una causa que lo tiene acorralado por solo recibir rechazos ante innumerables presentaciones de esta defensa, donde se solicitó arresto domiciliario, el traslado hasta la Policía Federal, así como también que se acondicione un espacio en el mismo penal, quienes contestaron atrozmente que no había conectividad, por ende, allí no podía hacerse la medida”, recalcó.

“Luego se indicó que las peticiones formuladas podían tratarse de estrategias para frustrar el proceso o las mismas expectativas, claro que esto no sería viable, porque todas las medidas fueron pedidas con intervención de las fuerzas policiales, pulseras electrónicas y bajo la medida de seguridad que se consideren acordes, como sucede con otros presos, entendiendo que el Estado garantiza la legitimidad de los actos ordenados y son monitoreados acordemente, ¿por qué debiera de suceder algo diferente aquí? Con todo ello se concluye que la única verdad es que Bacchiani pueda pagar y al parecer resulta más fácil continuar invocando formalismos, llevando a cabo medidas o confeccionando decretos extensos, que ocupan más trabajo y producción, que por ejemplo pedir que se conecte el servicio de internet en el Penal o mandar a mi cliente a su casa, que todo Catamarca conoce donde queda, con custodia y desde allí simplemente en un tiempo prudente, demostrar que esto puede acabar más rápido de lo que parece. Más aun cuando incluso, su documentación identificatoria y pasaporte se encuentra en poder de la Justicia”, mencionó el abogado a este medio.

También se conoció que la defensa intentó en varias oportunidades resolver el conflicto por pedido del propio Bacchiani: “Esta defensa solicitó en más de ocho presentaciones que se arbitraran las medidas para efectivizar los pagos y todos fueron rechazadas, nos piden esperar o ir a la Justicia ordinaria ante la llamativa y repentina declinación de competencia. Al parecer se desconocía que la Justicia local hace tiempo se declaró incompetente, ya que el fuero federal durante más de siete meses trabajó e impulsó íntegramente la causa, no advertido ello. La expectativa hoy es posicionada en el dictamen de la Cámara de Apelaciones, que por una cuestión lógica de volumen, continúa tomando razón de la extensa causa”, recordó. 

Por último, Retamozo se refirió a que en este estadio de la causa, “la única persona que tiene la decisión y poder para hacer cesar con los perjuicios es el juez Contreras, quien conoce el expediente de forma íntegra, pero que por razones inentendibles lamentablemente se rehúsa a avanzar, causando daños irreparables. Y ni que decir de coartar la teoría del caso de esta parte para defenderse, tan solo por el delito de intermediación financiera no autorizada, como el mismo magistrado falló. Resulta más extraño aun que existe dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal, órgano acusador, que reiteradamente prestó conformidad para el arresto domiciliario y entiende que se trata legalmente de la mejor decisión, conoce que no se trata de un beneficio a favor de Bacchiani, sino de un derecho que posee y que hoy se ve vulnerado.

En cuanto a las exigencias del magistrado, el abogado recalcó que están todas cubiertas desde “el primer pedido de domiciliaria, donde se solicitó demostrar que los pagos podrían darse, se pagó a una cantidad de personas considerables, siempre para brindar respuestas o derechos alentadores de que todo se gestionaría para darle fin a esta situación, ya que está presente el acusado, están presentes y desesperadas las querellas y existe disponibilidad de dinero, según manifestó el juez en una entrevista. ¿Entonces qué está faltando? Tan solo un acto de valentía, que permitiría cumplir con sus obligaciones a mi defendido y llevar calma social mediante una resolución pacífica”, finalizó.