En la jornada de ayer, se reanudó el debate en el juicio por el crimen de las compras directas. Uno de los testimonios más relevantes fue el del ministro de la Vivienda, Fidel Saénz, quien fue crítico con la justicia y lamentó que tardara 20 años para que se realice el debate. 

Durante la declaración del funcionario oficialista, se leyó la denuncia presentada a la justicia y fue ratificada en todas sus partes.
También, en su declaración mencionó a Edgardo Bulacio, quien a su entender debería estar imputado en la causa. Se trata del imputado por la financiera RT Inversiones. 

Otras de las declaraciones relevantes fue la de un empleado de Desarrollo Social de apellido Andrada, quien tras el cambio de gestión se encontró con un dantesco cuadro. Según el testigo, cuando llegó no habían dejado nada, “es como se hubieran pasado las langotas, hasta el teléfono se llevaron” expresó ante el tribunal.

Otros testigos también señalan que el periodo en cuestión que trae de interés a este juicio, se compró elementos para Acción Social por montos elevados y que para evitar el mecanismo de licitación, se compraba en forma directa a varios proveedores con facturas que no superaban el monto estipulado por la ley.

Según el expediente que llegó hasta la Cámara Penal N° 3, el año en que habría sucedido el hecho, es decir, cuando comienza la gestión de Víctor Brandán y Pablo Doro, el gobierno provincial saca un decreto por el cual amplía el monto por DNU (Decreto Necesidad de Urgencia) de las compras directas hasta incluso llegar a quintuplicarlo. 

Hecho 

Cabe recordar que la causa -iniciada en el año 2004 por el ahora ministro de la Vivienda y por ese entonces diputado, Fidel Sáenz- fue elevada a juicio por los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, quienes dirimieron una serie de recursos interpuestos por los imputados Pablo Doro y Víctor Brandán, quienes buscaban evitar que el expediente llegara a un debate oral y público o que al menos llegara sin ellos como imputados.

Aparentemente, Doro y Brandán -exministro de Salud y exsecretario de Acción Social de la Provincia respectivamente- son acusados por un desfalco de aproximadamente 27 millones de pesos (en la valuación del momento del hecho) en compras directas cuyas contrataciones exhibían serias irregularidades. Los hechos ocurrieron en el año 2003.