Padre e hijos indagados por un caso de “justicia por mano propia” negaron el hecho
Ayer, en la Fiscalía General, Luis Alberto Miranda, Federico Santiago Miranda Figueroa y Luis Alberto Miranda Figueroa -padre e hijos, uno de ellos oficial de la policía- fueron trasladados para la audiencia de indagatoria de imputados.
Para dicho acto procesal, los imputados designaron como abogado defensor a Juan Pablo Morales, quien luego de que la fiscal Gabriela De Marco leyera las imputaciones en contra de cada uno de ellos, les recomendó declarar y dar su versión de lo ocurrido.
A Luis Alberto Miranda (padre) y Federico Miranda Figueroa (hijo) la Fiscalía les imputó el delito de “sustracción y retención de una persona con la finalidad de obligarla a que haga algo contra su voluntad, doblemente agravado por el empleado de un arma de fuego y por la participación de tres o más personas” y “lesiones leves en concurso real y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y lesiones leves en concurso real”.
Mientras, al efectivo de la policía, Luis Alberto Miranda Figueroa se le imputó el mismo delito, triplemente agravado por el empleo de un arma de fuego, por ser cometido por un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado y por la participación de tres o más personas y “lesiones leves en concurso real y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y lesiones leves en concurso real”.
En los tres casos, los imputados fueron coincidentes, en líneas generales, al negar las acusaciones relatadas por la fiscalía. Es decir, declararon que no sustrajeron, no retuvieron ni hicieron algo contra de la voluntad de alguien.
Luego de escuchada la declaración de los tres acusados, se dio por finalizada la audiencia y la Justicia ordenó el traslado de los tres nuevamente a la comisaría, donde se encuentran detenidos desde el pasado viernes.
Voceros de la causa indicaron que desde la Fiscalía se solicitó la planilla de antecedentes de los tres Miranda, tras cuyo análisis se resolverá si se solicita la audiencia de control de detención o deberán pagar una caución para el recupero de la libertad ligados a la causa.