Masacre de Capilla del Rosario

Familiares de víctimas acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Tras el rechazo de la queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las absoluciones de los militares condenados.
jueves, 14 de marzo de 2024 02:18
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Familiares de víctimas de la “Masacre de Capilla del Rosario” ocurrida en agosto de 1974 acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar por el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  CSJN al recurso de queja presentado tras el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que contrarió la condena a perpetua que aplicó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, en primera instancia, y ordenó las absoluciones de Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Luis Acosta. 

Así lo confirmaron fuentes cercanas a los familiares de dos de las víctimas, el uruguayo Rutilio Dardo Betancourt Roth y el santiagueño Alberto Rosales, quienes a través de sus abogados tienen un plazo de 180 días para realizar las presentaciones. 

El rechazo de la CSJN no aborda el fondo de la cuestión, que es la libertad o condena de los militares antes mencionados. No obstante, esta postura dejó firme un polémico fallo de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) que, por mayoría, había dictaminado que la causa de la “Masacre de Capilla del Rosario” no podía ser considerada como un delito de “lesa humanidad”, por cuanto los sucesos se habían producido durante el Gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón y que no se acreditó que en esa época existiera un “plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil”. Ese fallo fue recurrido por el fiscal general ante la CFCP, Javier De Luca, quien interpuso el recurso extraordinario federal ante la CSJN.  Además, la CFCP consideró que había “un manto de duda” sobre el fusilamiento de los 16 guerrilleros. 

El caso de la Masacre de Capilla del Rosario, comenzó a investigarse casi 40 años después, cuando, tras el hallazgo de cuerpos no identificados que estaban en fosas comunes del Cementerio Municipal, comenzó a reconstruirse lo sucedido. A través del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense pudieron identificarse y restituir los cuerpos a sus familiares. Allí inició la pesquisa de las fuerzas militares que intervinieron en los hechos del 12 y 13 de agosto de 1974. 

En 2013 se llevó a cabo el juicio en el Tribunal Oral Federal de Catamarca, donde por unanimidad fueron declarados culpables Carrizo Salvadores, Nakagama y Acosta como los responsables de haber ordenado los fusilamientos de los guerrilleros cuando ya habían depuesto sus armas y se encontraban indefensos. En ese fallo, se ratificó que se trató de un crimen de “lesa humanidad” y, por lo tanto, imprescriptible para la Justicia argentina.

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