Abuso sexual en el barrio Inta

La Corte revocó la sentencia y consideró que “el juicio fue una creación presuntiva del juzgador”

Hizo lugar al recurso de casación planteado por la defensa de los condenados y ordenó revocar la sentencia.
sábado, 18 de mayo de 2024 00:24
sábado, 18 de mayo de 2024 00:24

El mediático caso de una joven madre, que supuestamente había sido víctima de un abuso sexual por parte de Emanuel Agüero y Gabriel Leiva, dos jóvenes que la citaron a una entrevista de trabajo para un hotel de la Capital y que actualmente se encuentran condenados a 10 años de prisión, tuvo un duro revés judicial.

La Sala Penal de la Corte de Justicia, integrada por los jueces Hernán Martel, Fernanda Rosales Andreotti y Rita Saldaño, resolvió en las últimas horas hacer lugar al recurso de casación planteado por la defensa de los condenados, Dres. Luciano Rojas y Pedro Vélez, y ordenó revocar la sentencia condenatoria dictada por los jueces del tribunal de la Cámara Penal N° 1°, Dres. Fernando Estaban, Mauricio Navarro Foressi y Rodrigo Morabito, por considerar que esta fue “arbitraria” y “no fue debidamente fundada”.

Además, agregó en la resolución que “el juicio no fue el resultado de una controversia, sino una creación presuntiva del juzgador”.
El 19 de mayo de 2023, Emanuel Fabián Agüero y Gabriel Alejandro Leiva fueron condenados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber sido cometido por dos personas en calidad de coautor, imponiéndosele una pena de diez años de prisión.

Dicha condena fue casada por la defensa de los acusados y la sala penal le hizo lugar. Entre sus argumentos, las defensas de Agüero y Leiva consideraron que en el fallo hay “inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica racional en la valoración de las pruebas. Dice el impugnante que el fallo cuestionado es arbitrario, carece de fundamentación y contiene una artera manipulación de las pruebas, a los fines de arribar a una certeza condenatoria”.

A su vez, afirma que “le ocasiona agravio que el tribunal nunca incorporó a su razonamiento la posición defensiva del acusado y solo se limitó a consignarla en el acta, es decir, violó su derecho a ser oído”.

En otra parte de sus argumentos de agravios, las defensas sostienen que “con relación a la prueba, el tribunal analizó de manera segmentada, fragmentaria y contradictoria la prueba de cargo. No realizó referencia alguna a la prueba de la defensa que intentó demostrar que existía duda razonable”. 

Otra contradicción, señalada por las defensas, se da cuando relata el comienzo de las agresiones sexuales y, en medio de éstas, les dice a sus violadores que estaba sangrando y les pide autorización para ir al baño. Es decir, en medio de una violación, solicitó un paréntesis en la agresión, se dirigió al comedor, supuestamente a buscar papel, pero tomó su teléfono y lo utilizó un sinnúmero de veces para pedir ayuda a quien la andaba buscando porque no sabía nada de ella y que no es otro que su marido, o sea, no se le ocurrió pedirle ayuda a su madre ni a nadie más, sino solo a Ibáñez, quien tenía motivos para pedirle explicaciones.

Por otra parte, critica el recurrente que el tribunal soslayó por completo lo manifestado en audiencia por los galenos citados como testigos

Otra falsedad en que incurrió la víctima fue que, en su denuncia dijo que había sido maniatada, pero en el juicio refirió que le ataron los pies. Esta manifestación no se trata de una simple confusión, sino que es tendenciosa, con el fin de agravar la situación de los acusados, ya que no se constataron las marcas que deriven de dichas ataduras.

 

Análisis 

Con base en el análisis, el Dr. Hernán Martel expresa en la resolución a la que tuvo acceso este diario: “Es así que la sentencia, además de arbitraria en su valoración probatoria, es incongruente y, para decidir de la forma en que lo hizo, alteró los principios de razón suficiente y no contradicción que deben integrar la motivación de toda decisión jurisdiccional. Solicita se declare la nulidad de la sentencia por violación a las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas o, en su caso y subsidiariamente, por la violación al derecho de defensa, al no tratar cuestiones introducidas por las partes al debate”.

En otro párrafo, indica: “Es así que en el fallo solo se limitó a transcribir las declaraciones de los testigos y los informes periciales, sin efectuar una valoración, en forma integral, correlacionada y a la luz de la sana crítica racional de la prueba colectada”.

A la vez, remarca: “Previo a ingresar puntualmente al desarrollo de los agravios aquí expuestos, no puedo dejar de efectuar una serie de consideraciones, en tanto los defectos estructurales de la sentencia se perciben a simple vista. Desde esta perspectiva, cabe consignar que, a pesar del gran volumen de fojas que presenta el fallo (123 páginas), advierto que el tribunal ha dedicado 97 páginas a copiar lo declarado por los testigos que depusieron en el debate, cuyas declaraciones ya estaban transcriptas en el acta respectiva, así como a reproducir la prueba incorporada al juicio, cuyo detalle también se encontraba descripto en el acta de debate. Observo así, que recién a fs. 97, dentro del tratamiento de la “primera cuestión”, iniciaría, aparentemente la fundamentación de la sentencia. Digo ello, en razón de que los argumentos allí expuestos -en solo 11 páginas- no sólo no logran demostrar fundadamente las conclusiones alcanzadas; sino que, luego del escueto y parcializado examen que el tribunal hace de la prueba, no efectúa ninguna conclusión al interrogante planteado que se corresponde con la cuestión en estudio”.

“La sola mención genérica de la existencia de elementos probatorios no puede ser sustento válido de una conclusión, pues en el fondo nada dice sobre la prueba a la que se refiere, la que ha sido simplemente transcripta, agregándole sólo conectores a los distintos párrafos que, acotadamente resume, pero sin ningún aditamento valorativo, lo que, a mi juicio, termina por invalidar el razonamiento judicial atacado”, agregó.

Asimismo, resalta: “El tribunal no valoró la prueba y solo se limitó a transcribirla”. Tampoco el tribunal valoró la posición exculpatoria de los encausados, vulneró su derecho de defensa y violó el principio de inocencia.

Por otra parte, la sentencia adolece del vicio de arbitrariedad, ya que no se basó en las pruebas colectadas, sino en conjeturas y prejuicios sin sustento fáctico, violando el principio de inocencia al dar por sentado circunstancias no acreditadas.

Concretamente, dice la resolución, la crítica de los impugnantes se sustenta en sostener que el tribunal valoró de manera segmentada y contradictoria la prueba que consideraba cargosa, a los fines de dictar un fallo condenatorio. Sobre el punto, cabe recordar que la obligación constitucional y legal de fundar una sentencia consiste en el deber de consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ella contiene. La motivación de la sentencia -entre otras cosas- debe resultar completa, no omisiva. Sucede que el límite del juez en la selección y valoración de las pruebas está dado por la prohibición de dejar de lado la prueba relevante, para resolver la cuestión de hecho controvertida.

En este marco, es dable esperar que cada vez que el juez se pronuncie exprese las razones que avalen sus decisiones, justifique la postura adoptada, motive la decisión tomada y con ello se impida que la decisión proceda exclusivamente de su voluntad, recordando que “una sentencia para constituirse en un acto jurisdiccional válido no puede limitarse a un mero relato de circunstancias ofrecidas por el debate para derivar de ello la prueba de la participación delictiva del imputado, sino que, tiene que interpretar y valorar el plexo probatorio, exponiendo su motivación de modo coherente, sin violentar los principios lógicos de razón suficiente, lo que no se cumple en el caso, por lo que corresponde declarar la nulidad de la sentencia con ese alcance”.

Si bien es cierto que el juzgador es libre para seleccionar y valorar el material probatorio sobre el que apoyará sus conclusiones, esa libertad no puede ser caprichosamente manejada, como ocurre cuando no se valora una prueba que, de haber sido ponderada, hubiera determinado una conclusión distinta. Las apuntadas deficiencias lógicas de razonamiento hacen que el pronunciamiento carezca de motivación para justificar la conclusión a la que arriba la resolución, es decir, existe una ausencia total y palmaria del tratamiento de la cuestión abordada. En efecto, de la lectura de la primera cuestión tratada en la sentencia, conforme lo examinado en lo párrafos precedentes, no es posible conocer cuáles fueron las razones que guiaron su adopción, en tanto el órgano jurisdiccional no desarrolló los argumentos que, en concreto, lo condujeron a resolver del modo en que lo hizo, como tampoco dio respuesta a ninguno de los requerimientos de las partes defensivas ni incorporó a su razonamiento la posición exculpatoria de los acusados. 

En conclusión, dice la sentencia, el vicio en el fallo es de tal magnitud, que no cabe otra alternativa que dejar sin efecto la sentencia, por cuanto la resolución impugnada ha incumplido la obligación de motivación de los actos jurisdiccionales (art. 208 Constitución de la Provincia de Catamarca y arts. 403 y 408, inc. 3°, CPP). Por ello, resuelve hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por las partes recurrentes y, en consecuencia, revocar la Sentencia N° 96/2023 dictada por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, debiendo remitirse las presentes actuaciones al tribunal de origen, a fin de que dicte sentencia debidamente fundada.
 

Comentarios

18/5/2024 | 10:57
#0
mucho bla bla .en fin con cuanto se pusieron para dar vuelta todo ????????????

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