Se reanudó ayer el juicio contra Edgar Adhemar Bacchiani en la Cámara Décima del Crimen de Córdoba, y la nota saliente fue que, cuando se presentaba a Aníbal Zapata como defensor asignado para el empresario de las criptomonedas, apareció otro actor en escena.

Tras la renuncia de los defensores Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco, para el que debate prosiguiera, la justicia cordobesa le asignó a Bacchiani (por sorteo) a Zapata como defensor oficial. Sin embargo, apenas iniciada la audiencia, Bacchiani anunció que tendría un nuevo defensor: Eduardo Gómez Caminos.

Tras una semana de pausa, el juicio donde se busca determinar la culpabilidad o inocencia de Bacchiani en medio centenar de estafas, pasó nuevamente a cuarto intermedio hasta el próximo viernes, 21 de febrero.

Ayer, el tribunal que preside Carlos Palacio Laje decidió excluir a un grupo de querellantes porque no se presentaron personalmente a horario el 7 de febrero, cuando se abrió el debate. El abogado querellante Roger Auad solicitó a los jueces reconsiderar la decisión, planteo que quedó pendiente de resolución.

Ahora, el flamante abogado Gómez Caminos tiene previsto reunirse con su cliente y con el fiscal Gustavo Arocena, encuentro en el que se analizaría buscar un acuerdo para acelerar el trámite judicial en marcha.

Durante la audiencia, el fiscal había pedido incorporar la totalidad de la prueba, en un claro gesto de acelerar el debate.

En ámbitos tribunalicios no se descarta que se llegue a un acuerdo entre el fiscal y la defensa. Ya se había intentado esa posibilidad con los anteriores abogados, pero éstos desistieron por considerar alta la pena que pedriría Arocena, quien solicitaría más de 10 años de cárcel para Bacchiani.

El nuevo abogado no quiso definir su posición con respecto a un eventual trato con el fiscal, porque, como era previsible, señaló que antes de tomar cualquier decisión necesita estudiar la causa.

Gómez Caminos es un profesional de amplia formación académica, que en su trayectoria ganó trascendencia como defensor de Ricardo Jaime, secretario de Transporte de la Nación durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner quien fuera juzgado por el accidente ferroviario conocido como la Tragedia de Once (un siniestro ocurrido en Buenos Aires, Argentina, el 22 de febrero de 2012, en el que murieron 51 personas y 789 resultaron heridas).

Lo concreto es que sobre el análisis de la causa se avanzó poco y nada en la sala de audiencias, y el proceso legal no comienza a fluir, porque apenas si se van cumpliendo los pasos formales. Los incidentes con la defensa de Bacchiani retrasan el trámite, porque el nuevo abogado también necesita estudiar el expediente.

Al margen de estas cuestiones,  no hay buenos presagios para Bacchiani en Córdoba, donde en el mundillo judicial y en la prensa especializada, se vaticina una dura condena. De acuerdo con quienes siguen de cerca el accionar del Poder Judicial en la vecina provincia, no hay final feliz posible para Bacchiani en este proceso, y su objetivo de máxima debería ser buscar la menor pena posible, ya que se descuenta que será hallado culpable.

Por eso se vislumbra como su mejor posibilidad asumir los cargos, resarcir a las víctimas y aceptar una condena no tan severa. El fiscal habría ofrecido para ello 10 años, algo que por ahora parece excesivo a Bacchiani.

Si bien todo se dialoga en privado, se presume que si Bacchiani no acuerda el fallo en su contra podría ser mucho peor. Resolver esa cuestión es la principal tarea que le espera a Gómez Caminos.

Dos audiencias, cuatro abogados

No marcha muy bien el juicio en Córdoba para Edgar Bacchiani, y uno de los factores que lo refleja es la volatilidad de su defensa. El hombre de las criptomonedas ya tuvo en su defensa un total de cuatro abogados, cuando apenas se realizaron dos audiencias. Comenzó con el asesoramiento legal de Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco, que después de la primera audiencia renunciaron. Ante la acefalía, la Justicia cordobesa le asignó por sorteo un tercer letrado, Aníbal Zapata, pero comenzada la segunda jornada del juicio Bacchiani presentó a un nuevo defensor, Eduardo Gómez Caminos. Todo un síntoma de lo complejo que se avecina el horizonte para el Trader God en tierras mediterráneas.

Dura condena económica a Cositorto

En un fallo histórico, el Juzgado Comercial N°1 de la Ciudad de Buenos Aires dictó la primera condena económica contra Leonardo Cositorto y otros responsables de Generación Zoe, por el incumplimiento contractual y la defraudación a inversores que depositaron su confianza y ahorros en la empresa. La sentencia ordena el pago de más de 400 millones de dólares en favor de un grupo de damnificados que iniciaron la demanda.

 El caso expuso «el esquema piramidal montado por Cositorto y sus socios, quienes prometían a los inversores rentabilidades irreales del 7,5% mensual, así como beneficios adicionales mediante un sistema de referidos», comentaron fuentes ligadas a la causa. Las pruebas presentadas demostraron que los fondos de los inversores nunca fueron reintegrados y que la empresa dejó de operar abruptamente.

Hoy las estafas se pagan caro

Tal vez el primer antecedente haya sido el de la causa Ribeiro Construcciones, un juicio que analizó decenas de estafas inmobiliarias con departamentos “en pozo”, en el que el dinero para las víctimas “no apareció” y por el que los condenados recibieron penas elevadas de prisión. El arquitecto Jorge Ribeiro, máximo responsable, jefe de la asociación ilícita y líder del grupo familiar, recibió 11 años de prisión.

Algunos se espantan con estas cifras y señalan “¡pero es más que un homicidio!”. Está claro que estos estafadores no mataron a nadie, pero concursan decenas y cientos de delitos contra la propiedad.

Hay que considerar que la escala penal de la estafa (artículo 172 del Código Penal) oscila entre un mes y seis años de prisión. Pero cuando se reiteran y reiteran esos hechos de defraudación, los máximos de la escala (seis años) se suman.

En el caso de Edgar Adhemar Bacchiani, quien es juzgado por 50 estafas, se suman los máximos de ese medio centenar de supuestos fraudes y el pronóstico punitivo llega hasta los 300 años de encierro.

No es que pueda sufrir una pena tan elevada, porque existe un sinnúmero de consideraciones, pero lo que se quiere significar es que no se trata de un simple delito el que lo trae al banquillo de los acusados de la Justicia provincial.

Además de 50 hechos, a Bacchiani se le adjudica un perjuicio patrimonial global de unos $ 300 millones y de U$S 1,3 millones sólo por este tramo de acusación.

Hasta hace algún tiempo, en esta Cámara 10ª del Crimen, hubo varias sentencias que se penaron con condenas de prisión en suspenso y, en ocasiones, sin reparación a las víctimas. Pero desde que ingresó el actual fiscal, Gustavo Arocena, cambió esa manera de sentenciar defraudaciones, en una cámara que se ocupa de delitos de guante blanco.

Arocena pide –y consigue– penas de prisión que tienen que ver con las escalas penales. Y se preocupa especialmente por la reparación a las víctimas, en algunos casos logrando resarcimientos integrales, aun con actualizaciones en los montos.

Si bien no se llegó a un acuerdo con los defensores salientes de Bacchiani, varias fuentes comentan que hubo una negociación para hacer un juicio abreviado y que la oferta del Ministerio Público fue de una pena de 10 años de prisión.

La cifra para algunos puede resultar elevada, pero no está fuera de sintonía con lo que viene ocurriendo en estos tiempos en ese tribunal.

En los últimos días se vienen desarrollando en la misma cámara dos juicios “similares” también por estafas, con el mismo fiscal y con acusados de similares hechos. Una mujer de 75 años reconoció este jueves su culpabilidad por 29 hechos de estafa y aceptó una pena de prisión de siete años y ocho meses de prisión.

Al mismo tiempo, se está desarrollando el juicio a los responsables del “Grupo Roma”, que en barrio General Paz tenían una “financiera” que dejó una gran cantidad de damnificados por montos multimillonarios. De acuerdo a lo que se viene planteando en el debate, los jefes de este grupo familiar podrían sufrir penas superiores a siete y ocho años de prisión, según el caso.

Este es el contexto en el que se está juzgando a Edgar Adhemar Bacchiani, quien rechazó un acuerdo de 10 años de prisión pese a que la prueba que lo involucra es muy sólida.

Por otra parte, también en Córdoba queda pendiente la instrucción de la fiscal Valeria Rissi por otras 148 estafas.

Francisco Panero

La Voz del Interior - Córdoba