El reciente descubrimiento de que un abogado local cobraba por dos cargos, dado en exclusiva por El Esquiú en forma conjunta con Radio Valle Viejo, no se trata de un hecho pasajero o que pueda solucionarse con alguna decisión de, por ejemplo, aceptar una renuncia, anular una de las dos funciones o cualquier chanchullo de los que se utilizan para zafar de situaciones comprometidas. Se trata de una desviación de la política, que no tiene ningún problema en producir verdaderos aprovechamientos con los dineros de todos los catamarqueños, que debe solucionar la misma política o quedar expuesta, porque se lo merece, ante el conjunto de la ciudadanía. ¿Cómo puede ser que un profesional sea, al mismo tiempo, Fiscal de Faltas de un municipio y asesor de un legislador en una provincia donde la de-socupación trepa a cifras escalofriantes y la pobreza campea por los distintos estamentos sociales? ¿Qué pasa con las autoridades del municipio de Recreo y de su Concejo Deliberante que hicieron mutis por el foro? ¿Por qué no dice nada el legislador del Frente Cívico, precisamente de apellido del Pino, que lo nombró sin reparar en detalle alguno? Si la gente piensa en estas preguntas, seguramente llegará a la conclusión que lo del abogado René Fernando Contreras del Pino “no es un chiste para Tinelli”.

Estas prácticas, como la del senador santamariano, al que ya tendría que habérsele despojado de su banca por cobrar, además, como director de escuela en la provincia de Salta, son comunes en la administración pública y se llevan a cabo porque los políticos lo permiten o miran para otro lado cuando deberían actuar. Así, de la misma forma, pudieron surgir pagos a empleados que ya habían cesado sus funciones en la Cámara de Diputados o cobros de licencias supuestamente no tomadas, cuando es público que todos la toman, hasta los “ñoquis”, que lo hacen en forma oficial. En fin: estamos hablando de aprovechamientos espurios que solamente pueden materializar aquellas personas con poder. Para los que no lo tienen (al poder), la gran mayoría de pobres infelices de esta provincia, les queda únicamente ser espectadores de un espectáculo tan denigrante como grotesco. O esperar que la prensa, en nombre de ellos, saque a la luz este tipo de tropelías.

Estos casos son recientes. Pero si apelamos al archivo, que nadie lo dude, surgiría a borbotones el agua podrida. Con solamente recordar que, en el año 1995, con certificaciones truchas, fueron jubiladas miles y miles de personas que no tenían edad y años de servicios, lo decimos todo.