Este miércoles podría tener lugar la sesión en el Senado en la que los diferentes bloques de la oposición intentarán aprobar el proyecto que establece el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil para la jubilación básica y un ajuste para el resto de los haberes pasivos en base al criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia en el denominado "caso Badaro".

Ese mismo día podría plantearse un escenario similar al ocurrido en junio de 2008, cuando Julio Cobos emitió su recordado voto "no positivo" e inclinó la balanza hacia el lado del arco opositor en el tema de las retenciones. En este caso, el Vicepresidente volverá a respaldar una iniciativa contraria a las pretenciones del Gobierno.

El propósito opositor no será de fácil cumplimiento debido a que se necesitan 37 senadores (la mitad más uno del total de miembros de la cámara) para obtener el quórum necesario para sesionar, un número que hasta el momento los dirigentes antikirchneristas no pueden garantizar.

Pero en el caso de conseguir el quórum y aprobar la ley, desde el Gobierno se dieron varias señales en favor de un veto a la iniciativa, por entender que su financiamiento llevaría al país "en tres meses al default", como señaló la presidente Cristina Kirchner.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había advertido que "si hay que vetar (la iniciativa aprobada en el Senado), se vetará", con lo que la posibilidad de imponer el criterio de la oposición quedaría en vía muerta.

Hasta el momento, la propuesta de aprobar la iniciativa girada desde Diputados cuenta con 36 voluntades, una menos que la requerida para el quórum: 16 pertenecen a la bancada radical, 7 al interbloque del justicialismo disidente, 12 a senadores agrupados en otros partidos y el restante es el chubutense Marcelo Guinle, del Frente para la Victoria, pero que en los últimos días mostró un acercamiento al gobernador Mario Das Neves.

Hay 33 senadores dispuestos a votar en contra del proyecto: 29 del bloque oficial, uno con el peronismo federal (la santafesina Roxana Latorre) y tres responden a otras bancadas, los fueguinos José Martínez y María Díaz y el radical correntino José Roldán.

Los senadores Horacio Lores (Neuquén), Luis Viana (Misiones) y Carlos Menem (La Rioja) no definieron su postura: si los tres se suman a los 33 que apoyan la posición oficialista, habría un empate en 36 que obligaría al vicepresidente Julio Cobos a desempatar.

El proyecto a consideración del Senado establece dos mecanismos de actualización de las jubilaciones, uno para la mínima y otro para las que superan ese piso.

Para las jubilaciones mínimas, el ajuste se realiza de acuerdo con la variación del salario mínimo, vital y móvil, siendo siempre el 82 por ciento de ese haber.

Desde septiembre, siguiendo lo establecido en la Ley de Movilidad, el haber mínimo jubilatorio es de 1.046,50 pesos, pero en caso de que el proyecto se convierta en ley y el Poder Ejecutivo no la vete, la jubilación mínima tendría que ser de 1.426,80 pesos (82 por ciento del salario mínimo vigente de 1.740 pesos) y de 1.508,80 pesos a partir de enero del año próximo (el mismo porcentaje de salario mínimo, que se elevará para entonces a 1.840 pesos).

En consecuencia, la jubilación mínima debería incrementarse un 36,4 por ciento (44,2 por ciento si se toma el nivel de enero de 2011).

Para el resto de las jubilaciones, se aplicará el criterio establecido por la Corte Suprema en el denominado "caso Badaro".

En estas jubilaciones, los porcentajes de actualización son variables, de acuerdo con la evolución que cada haber tuvo en los cinco años posteriores al fin de la Ley de Convertibilidad.

La Corte hizo lugar al reclamo del conductor de buques Adolfo Valentín Badaro, que entre diciembre de 2001 y el mismo mes de 2006 tuvo un aumento de su jubilación del 11 por ciento, pese a que en el mismo período el índice de salarios del Indec aumentó un 88,6 por ciento.

De acuerdo con este organismo, el nivel general del índice de salarios aumentó desde diciembre de 2001 un 271,34 por ciento, de lo que se desprende que una jubilación de 1.000 pesos al momento de la caída de la Ley de Convertibilidad hoy tendría que ser de 3.713,40 pesos.