Lo que ocurre por estos días con el PJ, analizando la situación con la mayor objetividad posible, no debería extrañar a nadie. Es, simplemente, el resultado de un estado de anomia que tiene desde que perdió el gobierno y se profundizó a partir del año 2003, cuando le tocó ejercer la conducción al barrionuevismo. Desde ese momento, quién puede desmentirlo, jamás hubo internas en serio y la conducción pasó por manos diferentes –Luis Barrionuevo, Hugo “Grillo”Avila, Dalmacio Mera y Daniel Barros, además del interregno de Vargas Aignasse-, siempre con la conducción real muy lejos de Catamarca. Entonces, resulta demasiada pretensión que se convoque a una interna, cuando antes se suspendieron otras, y todo salga a las mil maravillas.

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En base a la triste realidad del PJ y aquí incluimos a todos, inclusive la dirigencia que se alínea en el Frente para la Victoria, lo más sensato sería llamar a elecciones de autoridades partidarias y recién pensar en candidaturas. “Poner el carro delante de los caballos” no es política aconsejable y los resultados no pueden ser otros. La interna del 31 de octubre está completamente devaluada y el electorado mira azorado, si es que realmente mira, un espectáculo grotesco de controversias, pintadas que hablan de entregas y traiciones, indefiniciones y candidaturas que no representan ningún atractivo. ¿Cómo puede ser el final de esta historia? Malo, muy malo. Lamentable.

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Hay un hecho que, más que curioso, resulta inaceptable. Al abogado Lucio Montero, que era secretario parlamentario en la Cámara de Diputados, lo echaron por haber defendido, en su condición de abogado, a un supuesto represor. Ahora, el presidente de la Cámara de Diputados lo ha nombrado su secretario privado. Si la única contra que existe es que haya actuado profesionalmente en un hecho judicial, está bien que lo hayan repuesto a un cargo. Mucho más en Catamarca, una provincia que fue colaboracionista, con cientos de dirigentes, del Proceso que conducía Jorge Rafael Videla.