La sesión arrancó a las 14 cuando el Frente para la Victoria ingresó al recinto y posibilitó el quórum -con 38 senadores presentes, de los 37 necesarios- para iniciar el debate, tras haber mantenido una reunión de bloque minutos antes.

El titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social, el radical Alfredo Martínez (Santa Cruz), abrió la lista de oradores y defendió el proyecto por entender que el Congreso está avanzando "en una actitud de absoluta justicia para los jubilados".

Además, Martínez consideró que -si se convierte en ley la iniciativa- los trabajadores pasivos "estarán cobrando 1.500 pesos a partir de enero" y de acuerdo con sus proyecciones el costo de la aplicación de la norma implicará un "costo que oscila entre los 27 y los 32 mil millones de pesos".

Martínez argumentó a favor del proyecto porque contempla lo resuelto en los casos Badaro y Sánchez por la Corte Suprema, que fijó la movilidad de los haberes previsionales, y advirtió que "la justicia resolvió lo que la política no pudo".

Resaltó que la propuesta "ata definitivamente (los aumentos) a los salarios (de los activos) y no les pone un techo" y permite que los juicios iniciados "los cobren los jubilados y no sus herederos".

Desde la vereda opuesta, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Eric Calcagno, afirmó que el 82 por ciento móvil "no se puede pagar con los fondos de la Anses" y consideró que el proyecto "plantea un sistema jubilatorio gravoso e ineficaz".

"No es una buena solución; dinamita la seguridad social y mete el déficit en el Presupuesto", opinó Calcagno, quien consideró además que "no se puede tomar a la ligera o con excesivo voluntarismo" una modificación de este tipo al sistema previsional.

Calcagno hizo un repaso de la aplicación del 82 por ciento móvil en los períodos de la historia y explicó cómo se fue desfinanciando el sistema y se produjeron situaciones de "emergencia" de la estructura previsional.

"Esta ley es peligrosa porque instaura un nuevo sistema de seguridad social", advirtió Calcagno, quien pidió tener en cuenta y profundizar el debate sobre sus "efectos y financiamiento".

También proyectó que el impacto fiscal en el 2011 será de "31.000 millones de pesos" y declaró que "no son convincentes" los argumentos en cuanto al impacto de la ley en la disminución de la pobreza.

Pasadas las 15, la lista de oradores superaba los 40 senadores inscriptos, por lo que se presume que la sesión que prolongará hasta última hora de este miércoles.