La Municipalidad de Huillapima, en un tiempo más cercano que lejano, podría verse seriamente comprometida por una medida que tomó tiempo atrás y tiene que ver con la velocidad con que los vehículos automotores atraviesan su jurisdicción. Más de un ciudadano desprevenido, conforme a documentación que poseemos en este diario, habrá recibido alguna comunicación en la que le advierten que tal día, a tal hora, pasó por esa zona de Capayán a equis velocidad, sobrepasando la máxima permitida, y por lo tanto le corresponde una suculenta multa que debe abonar en un plazo perentorio. Es más: hasta le dicen que puede tener algún descuento en función de la rapidez de ese pago. Lo cierto y concreto es que estos controles por radar que, supuestamente, realiza la comuna no están autorizados y, por lo tanto, no tienen ningún valor legal.
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Quince días atrás fue Vialidad Nacional, a través del ingeniero Marcelo Patria, quien salió a desnaturalizar este tipo de acciones por falta de homologación. Lo que vendría ahora sería una denuncia penal por cobro indebido e incumplimiento de los deberes de funcionario público, la que seguramente irá contra la testa del intendente Santucho, y para ello se utilizarían algunos argumentos que, en materia jurídica, tienen una contundencia feroz. Por ejemplo ¿con qué derecho a defensa cuenta el ciudadano al que le informan que ha cometido una infracción de exceso de velocidad? ¿dónde está el tribunal de faltas del municipio para hacer el reclamo? ¿en qué lugar visible, como tiene que ser, están los radares de control?
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Si algún ciudadano se siente perjudicado por estas medidas, podría acercar las pruebas a este diario y acompañar en la eventualidad de la denuncia. Mientras tanto, habría que preguntarse quién maneja el dinero que pudieron haber pagado los sospechosos de haber cometido infracción. Se dice que, por este rubro, habrían ingresado más de $100.000 a las arcas del municipio. ¿Será cierto?