Después de que se conocieran los puntos centrales del nuevo proyecto de Promoción Industrial impulsado por la provincia de Mendoza, ayer por la mañana se reu-nieron en el Ministerio de Producción representantes de la Unión Industrial, de la Cámara Olivícola, del sector gremial nucleado en la CGT, ADEC y miembros del Consejo Porfesional de Ciencias Económicas, con el ministro Juan José Bellón y parte de su gabinete, y acordaron comenzar a analizar punto por punto los artículos del proyecto mendocino. Se espera que el día jueves se difunda el documento.
Hoy todos los sectores comenzarán a elaborar el documento que será entregado a los legisladores nacionales que representan a la provincia, para que cuenten con los elementos necesarios para rechazar el proyecto mendocino.

Perjuicios

El presidente de la Unión Industrial de Catamarca (UICA), Raúl Colombo, sostuvo que “el nuevo proyecto de Promoción Industrial perjudicará a Catamarca”.
“Hasta el momento sólo sabemos con respecto al decreto 699 que hubo avances del gobierno de La Rioja, pero que no están de acuerdo con lo referido a la autoridad de aplicación. Nosotros estamos preocupados, por eso elaboraremos un documento para que los legisladores que nos representan en el Congreso tengan los elementos necesarios para rechazar la iniciativa de Mendoza”, comentó Colombo a El Esquiú.com.
La iniciativa mendocina prevé entregar cupos fiscales según indicadores de desarrollo por regiones del país, y dentro de cada región, una distribución igualitaria entre las provincias. Sin embargo, aunque se asegura que se produciría una distribución que responde a las reales necesidades, al entregarse en todo el país es probable que la normativa ratifique las diferencias en vez de corregirlas.
Las industrias catamarqueñas se encontrarán con serias dificultades para competir con otras provincias en cuanto a la radicación de inversiones y mano de obra, si el nuevo régimen sale para todo el país.
El nuevo proyecto que se discute en el Congreso sobre Promoción Industrial perjudicará a Catamarca no sólo por los condicionamientos que podrían extinguir prácticamente el beneficio fiscal, sino también porque al aplicarla u ofrecerla para todo el país deja de hacer justicia a las provincias que efectivamente requieren de una “reparación histórica”.