La obra social de los empleados públicos (OSEP) será siempre materia de debate. Por varias razones. Porque tiene que ver directamente con la salud de la población y de los que menos tienen, porque es un organismo de recaudación importantísimo, porque tiene que ver con la política y porque, actualmente, no se ajusta a la Ley de creación. Veamos cómo es esto. OSEP está intervenido desde tiempos inmemoriales y a nadie se le mueve un pelo por una cuestión que, indudablemente, debería ser de conocimiento de los propios afiliados. El gobierno es el principal interesado en no cambiar el statu quo porque, de esta forma, maneja a gusto y piacere una cajita donde ingresan millones y millones de pesos mensuales. Pero los que se mantienen indolentes y jamás protestaron por el hecho de mantenerse una intervención in eternun, son aquellos que deberían integrar el directorio del organismo en el supuesto de una normalización, esto es, los representantes de los activos y de los pasivos.

Una cosa es consecuencia de otra, como en muchas otras circunstancias domésticas. Al no existir una organización gremial que represente formalmente a los empleados públicos, aparte de traer reminiscencias de la vieja ATEP que conducía Aníbal Díaz Martínez y, hasta la década del 80, José Emilio Olivera, no hay quién demande el fin de la intervención. Por el lado de los pasivos, por conveniencia o compromiso, tampoco hay quienes piensen cortarse las venas por defender los derechos de los mayores en la OSEP. De esta manera, el manejo discrecional de los gastos, derivaciones y otras yerbas queda para el gobierno que, como ya lo supo hacer, puede “manotear” el dinero de los afiliados para cualquier contingencia, sea o no importante.

Siguiendo con la institución de calles Zurita y Salta, desde hace tiempo hay molestia en algunos prestadores, ya que es conocido que la obra social paga aranceles muy distintos por prácticas idénticas, según las mismas sean realizadas en nuestra provincia o fuera de ella. Demás está decir que la mayor erogación no queda aquí. En el mismo sentido, también hay ejemplos de prácticas que son autorizadas en Córdoba o Buenos Aires y no en Catamarca.