La decisión del Fiscal de Instrucción Nº 4, doctor Ezequiel Walter, de imputar a dos inspectores municipales la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica de instrumento público, en concurso ideal con el delito de violación de los deberes de funcionario público, por haber labrado un acta de infracción aparentemente trucha, no terminaría allí. Como lo adelantó en exclusiva este diario, los inspectores habrían detectado el problema en la construcción de un edificio de departamentos que se levanta en Chacabuco y 25 de Mayo y, a partir de ese momento, impusieron la suspensión de la obra por un período de cuatro o cinco meses, con los consabidos perjuicios que ello supone.

La denuncia penal establecida por el propietario, ingeniero Eduardo Pastoriza, incluyó pruebas que hacen pensar seriamente en cómo actúan los inspectores. En este caso particular, hay evidencias de un modus operandis irregular, que compromete a dos personas importantes como el inspector Ricardo Alberto Moreyra y su jefe inmediato, el ingeniero civil Luis Mario Aragón, los que han sido imputados por el Fiscal. Pero el tema podría ir mucho más allá, hasta rozar a otros funcionarios municipales o plasmar una forma dolosa de actuar. Conociendo al doctor Ricardo Guzmán, no creemos que al tema pueda digerirlo tan fácilmente. Para peor, el hecho abre un interrogante adicional: ¿Cómo funciona el control si esto es cierto? ¿Los empresarios que hacen trampas con las exigencias reglamentarias, poniendo plata por debajo de una mesa, tienen una forma de eludir los controles? En tal caso, estamos en un serio problema.