Tratar de explicar en su verdadera dimensión los tristes sucesos de la semana anterior en Bañado de Ovanta nos llevaría, sin exageración alguna, a los tiempos en que la mafia siciliana hizo pie en el fértil territorio de los Estados Unidos. Épocas en que Al Capone o Lucky Luciano, a punta de pistola y matones a sueldo, imponían la ley del más fuerte para apoderarse de los negocios ilícitos que le iban a reportar proverbiales ganancias. Cual epígono de aquellos tristemente célebres personajes, el intendente Elpidio Guaraz se dio el lujo de, virtualmente, suprimir la institución del Concejo Deliberante. Si alguien, a excepción de la senadora Grimaux de Blanco, no se dio cuenta de semejante atropello, hay que comenzar a pensar que en esta provincia está todo permitido.

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El señor Guaraz suponía que iba a ser suspendido y consideraba que no existían motivos para que ello ocurra. Por ello interrumpió la sesión, trató a los concejales como verdaderas basuras, los echó e hizo sesionar a una sola concejal, nada menos que su propia hermana, dispuso el cese de funcionarios y hasta cambió las llaves del recinto. Todo ello con el concurso de una guardia pretoriana conformada por matones del sur de Tucumán y de la Capital que, no sólo atemorizaron a los concejales radicales, sino a todo el pueblo. La Policía, que está para custodiar el orden, apenas se limitó a mirar y no actuó en ningún momento, configurándose una situación de “zona liberada”.

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Si la actuación del gobierno, o mejor dicho la no actuación, es censurable, ni que decir de quienes avalaron este revival del oeste americano de hace 200 años atrás. Nos referimos nada menos que a diputados provinciales como Sáenz, Amalia Buenader o Moreno, e intendentes como Morra, Polti o Gómez, quienes sin siquiera conocer los pormenores del caso avalaron lo actuado por Guaraz. Por último: si es que no había motivos para suspender, con lo hecho la semana pasada los hay de sobra. Incluso para una destitución. ¿Sabrá de esto el ministro Silva?