Apuntes - KM 20/10

martes, 21 de diciembre de 2010 00:00
martes, 21 de diciembre de 2010 00:00

Lejos del escándalo que provocó el caso al salir a la luz, la Corte de Justicia se expidió sobre cuestiones vinculadas con el emblemático “affaire” del Ministerio de Educación. La Cámara Penal Nº 1 había condenado a Norma del Valle Barroso y al contador Héctor Ricardo Moreno a seis años y cinco meses de prisión como presuntos y máximos responsables del affaire en el Ministerio de Educación, aunque para ambos los jueces decidieron su libertad hasta que la sentencia quede firme.

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Barroso (ex tesorera) y Moreno (ex director de Administración), funcionarios del Ministerio de Educación, fueron condenados el 24 de julio de 2009 como responsables del delito de “peculado reiterado” por varios hechos cometidos en el organismo oficial en la década del 90. Se sucedieron desde entonces una serie de recursos y planteos, que siguieron los pasos procesales hasta quedar a consideración de los miembos de la Corte de Justicia. El punto es que ayer se notificó a los abogados que la Corte rechazó una serie de pedidos formalizados en recurso extraordinario por Barroso, pero en el caso de Moreno se hizo lugar a algunos planteos, incluyendo el que sostiene que la pena que se le impuso es excesiva por insubsistencia de la causa, con el argumento del extenso período de tiempo que pasó desde los hechos juzgados hasta la condena.

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Lo singular del caso es que la decisión final quedará ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y aunque el recurso avalado por la Corte local favorece únicamente a Moreno, se decidió que también se mantuviera en suspenso el cumplimiento de la condena de Barroso. La lectura en ámbitos judiciales es evidente: si la Corte Suprema determina que no correspondía aplicar la pena a Moreno, fácilmente se podría hacer extensivo el criterio para Barroso, y la Justicia local se vería envuelta en un problema para explicar por qué había llevado a una mujer a la cárcel en esas circusntancias. Lo indiscutible es que la dilatación del proceso malogró toda posibilidad de hacer justicia en el caso.

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