Referíamos en el último tramo de esta ruta la situación de los empleados públicos en cuanto a gangas y otras yerbas que, por decirlo suavemente, los colocan en una posición muy ventajosa con relación a sus pares del sector privado. El tema plantea un dilema que está más allá de las comodidades o incomodidades, y merecería una mirada más crítica de quienes, circunstancialmente, asumen el rol de autoridades. Por empezar, el deber indelegable del Estado es favorecer una administración ágil y eficiente que responda a las necesidades de la gente y no convertirla en la bolsa de trabajo de amigos, amigos de los amigos o militantes de la política. Como ello ocurre y es práctica cotidiana, se acumulan vicios o deformaciones de un sistema lindante con la corrupción.
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Un egresado de cualquier carrera o persona que alcanza mayoría de edad sueña con ingresar a la administración y hasta puede llegar a despreciar, a pesar de la creciente desocupación, un ofrecimiento privado. En esta curiosa elección, ni siquiera cuenta el salario, sino el cúmulo de prerrogativas que ofrece la administración (feriados nacionales, provinciales, asuetos, horario en un solo turno, licencias para todos los gustos, razones particulares, etc) y que ha creado una cultura negativa, al punto que fomenta la mediocridad y la ineficiencia.
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Un trabajo exclusivo de El Esquiú puso al desnudo que, en materia de abusos, no hay límites dentro de la administración. ¿Puede concebirse que solamente en un año haya habido casi 10.000 pedidos de largo tratamiento, lo que determinó la concesión de 220.000 días de licencia? ¿O qué 1.500 agentes hayan solicitado y conseguido licencia de 40.000 días por accidente de trabajo? Se trata de un círculo de corrupción que paga el propio Estado, es decir el conjunto de los ciudadanos, con derivaciones injustas. Se fomenta la vagancia, con todo lo que ella significa, y se ataca, indirectamente, a la actividad privada, a la que le cuesta captar empleados a favor de la producción. Reflexión final: también estas cosas forman parte de la responsabilidad de gobernar.