En la última sesión de la Cámara de Diputados, tomó estado parlamentario un proyecto que propicia el cambio de la Ley 4817 que establece el mecanismo para la declaración jurada de bienes patrimoniales de los funcionarios públicos. Con la iniciativa, se pretende que todos informen el patrimonio con que acceden a la función y que la información sea pública.
El diputado Roberto Perrota (PJ), señaló que nuestra provincia es una de las pocas que tiene un sistema muy cerrado para brindar información sobre los bienes de los funcionarios públicos y el incremento que experimentan los mismos durante su cargo. “Considero que el acceso tiene que ser de absoluta libertad para los ciudadanos siempre que se use con fines legales y no para usos espurios”, afirmó el legislador. “La única forma de acceder es a través de la justicia”, dijo y agregó que es un tema que “hay que liberar porque nadie puede negarse a poner en conocimiento de la sociedad sus bienes”, agregó.
En el proyecto establece, como en la mayoría de las provincias se debe explicar los motivos porque se solicita esa información, presentarlo en el Tribunal de Cuentas, quien lleva un registro de antecedentes.
En la actualidad rige la ley Nº 4817 que prevé que puede accederse al patrimonio de los funcionarios a través de una orden judicial, que entrega dicha información en un sobre lacrado y se reserva en el Tribunal de Cuenta. Perrota sostuvo que la información es bastante escueta porque la ley no es clara sobre qué es lo que se debe informar.
En el proyecto de ley del legislador justicialista se requiere el detalle de los bienes muebles, inmuebles y valores con que un ciudadano accede a la función pública. La misma está dirigida a los funcionarios de todos los poderes del Estado, municipios con carta orgánica, Concejo Deliberante y empleados que manejan dinero. “Lo que pido es la derogación de la ley aunque algunos artículos que se mantienen. Allí planteo cómo debe ser la declaración y quiénes pueden acceder a la misma”, concluyó Perrota.