La presidenta, acompañada por todo su gabinete, los presidentes de ambas Cámaras, funcionarios, dirigentes políticos, empresarios y de organizaciones sociales recibió el informe elaborado por la Comisión Oficial formada especialmente para investigar el traspaso de las acciones de la empresa del Grupo Graiver a los propietarios de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, "que necesitaban las acciones Clase A, para tomar el control de la empresa", hecho que comunicaron en su momento en los tres diarios, a través de una solicitada, aclarando que "tomaban el control de la empresa, previo acuerdo de la Junta de Comandantes" de la dictadura.

Cristina Fernández de Kirchner afirmó que "coincido con Clarín en que quien controla la fabricación de papel, controla la palabra impresa". Denunció las condiciones políticas en las cuales se produjo el traspaso de las acciones, en un país donde solo existía la "libertad ambulatoria", y que años después, a raíz de la quiebra de La Razón, los diarios controlantes de la empresa "acordaron un pacto de sindicalización de acciones" para controlar las decisiones de la compañía. Aseguró, además, que la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, fue detenida cinco días después de haber firmado el traspaso de sus acciones, para evitar que la empresa cayera en la interdicción de los bienes de la familia dispuesta por la Junta militar.

Por último, afirmó que "a pesar de que estoy convencida de cómo sucedieron las cosas, el Procurador del Tesoro hará la denuncia correspondiente para que la Justicia determine las condiciones en las cuales se realizó el traspaso de la empresa", y anticipó que enviará al Congreso un proyecto de ley para "declarar de interés público la producción de pasta celulosa y papel de diario, su distribución y comercialización, y para establecer el marco regulatorio de este insumo básico que garantice un tratamiento igualitario para todos los diarios de la República".