El Gobierno analiza cómo mitigar los daños colaterales de declarar la desaparición de la empresa que concentra el 25% de los abonados de Internet de la Argentina.

La migración es compleja y es por ello que relajó ofreció créditos blandos y se comprometió a estudiar poner límites a los precios que las telefónicas les cobran a los pequeños proveedores de acceso (ISPs), para que desarrollen redes propias que permitan absorber parte del millón de clientes del proveedor de banda ancha del Grupo Clarín, cuya licencia fue revocada.

En el sector, además, se especula que esta semana, o a más tardar la siguiente, el secretario de Comunicaciones, Lisandro Salas, reglamente el fondo para el Servicio Universal, que se nutre con el 1% de lo facturado por las empresas de telecomunicaciones (unos $ 240 millones por año), parte de los cuales se utilizarían para hacer crecer las redes de las empresas celulares (Movistar, de Telefónica; Personal, de Telecom, y Claro, de Telmex) y ofrecer servicios de voz e Internet hasta en las áreas que no les son rentables.