El proyecto propone crear un programa preventivo bajo la órbita del ministerio de Gobierno, dirigido por un equipo interdisciplinario (sexólogos, endocrinólogos, psicólogos, psiquiatras, etc.), quienes tendrán a su cargo la evaluación y aplicación de la castración química a condenados con sentencia firme.
El reo que acceda voluntariamente recibirá una dosis de medicamentos que inhiben el deseo sexual y la erección. Sin acceder a este tratamiento, los condenados por delitos de índole sexual se verían imposibilitados de recibir beneficios extracelarios.