El escándalo que trascendió la semana pasada en la Cámara de Diputados, cuando la auditoría detectó una serie de irregularidades en la liquidación de sueldos de ex empleados que trabajaron hasta el 31 de diciembre del año pasado, causó mucho revuelo, pero no es la primera vez que ocurre.
En el año 2008, durante la presidencia del Dr. Oscar Brizuela, se llevó a cabo una auditoría a cargo de la contadora Patricia Aisa, que abarcó el periodo 2007, durante el cual ejerció la presidencia el Dr. Guillermo Herrera (FCyS), y las conclusiones del trabajo contable son un claro precedente del caso actual.
En esa auditoría, se detectaron varios errores ocasionados en el sector de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.
Se denunció, por ejemplo, que había empleados que cobraban un básico mayor al que les correspondía durante varios periodos consecutivos. También se comprobó que una empleada había cobrado durante un mes y medio sin haber trabajado.
Además de empleados que cobraron adicionales sin que a éstos les correspondieran, hubo otros casos: funcionarios que cobraron sin existir los decretos de nombramiento correspondientes, errores de consignación de cargos y categorías, cobro de adicionales de presentismo mal liquidados, y marcados errores en el sistema de control de asistencia del personal.
En las conclusiones de la auditoría, se menciona además la inexistencia de un sistema de control interno de la Cámara.
Toda esta información se encuentra documentada y avalada por un auditor independiente.
Las anormalidades detectadas nunca fueron vistas por el área de Auditoría Interna de esa gestión y, aún hoy, no se recuperó el dinero malversado.
Los errores de público conocimiento de la actual conducción de la Cámara de Diputados fueron detectados en la misma gestión, inmediatamente paralizados, y realizados los procedimientos adecuados para determinar las responsabilidades.
En ámbitos legislativos, el recuerdo de estos hechos está muy fresco y quienes están partidariamente cerca de los afectados comentan que “quien actuó mal, y nunca se preocupó por solucionar sus errores, hoy ataca a quienes se equivocan y tratan de remendar el error dentro de la ley”.
Los errores de liquidación de sueldos durante la conducción del oficialismo involucraron a veinticinco empleados, pero sólo veintitrés fueron analizados, ya que dos legajos nunca se encontraron.
Tampoco estos empleados involucrados devolvieron el dinero mal liquidado, ni fueron sancionados los funcionarios a cargo de la presidencia de ese entonces, que debería haber realizado los controles.