El Gobernador de la Provincia, Eduardo Brizuela del Moral, estará presente hoy en el Senado de la Nación para hablar “de un tema que preocupa a todo el país, donde participarán las provincias andinas”, según definió él mismo. Invitado por la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, junto a otros mandatarios provinciales, analizará la Ley para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar.
Comentó que allí van a discutir, a conversar y sentar posiciones sobre el tema de glaciares. “Nadie niega la preservación de los glaciares pero hay un punto de la ley Bonnasso que se aprobó en Diputados que nos crea numerosas dificultades”, dijo Brizuela. En ese sentido enfatizó que no se contemplan las industrias, entre otros puntos.
Brizuela del Moral aclaró que Catamarca no tiene glaciares “como la gente lo concibe, como aparece en las fotografías, como el perito Moreno”, sino que hay aguas congeladas en la zona baja de la montaña que “de acuerdo con la interpretación de la ley tampoco se podrían llevar a cabo obras públicas, lo que hubiera impedido hacer el paso de San Francisco, la Ruta 40”.
Enfatizó que el tema es más complejo, pero van a tratar de cumplir los dos objetivos, “que se preserven los glaciares como reserva de agua y que se puedan realizar actividades que no pongan en peligro la preservación”.
La Cámara alta de la Nación abordará esta semana el análisis de los dos proyectos de ley sobre la protección de los glaciares, con una audiencia que estará protagonizada por la presencia de algunos gobernadores de provincias cordilleranas con explotaciones de empresas mineras. Fueron invitados los gobernadores José Luis Gioja (San Juan), Luis Beder Herrera (La Rioja), Juan Manuel Urtubey (Salta), Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca), Celso Jaque (Mendoza), Walter Barrionuevo (Jujuy), Jorge Sapag (Neuquén), Daniel Saiz (Río Negro), Mario Das Neves (Chubut), Daniel Peralta (Santa Cruz) y Fabiana Ríos (Tierra del Fuego).
En el debate, el Senado puede optar por una mayor preservación de los glaciares como propone la sanción de Diputados (la llamada ley Bonasso) o insistir con su postura, considerada más permisiva para la actividad minera.