Si la fecha de los comicios provinciales se establece al final para el domingo 6 de marzo -como anticipó El Esquiú.com- el debate sobre la cláusula constitucional de reelección indefinida del Gobernador se confirmará a esta altura del proceso electoral como una instancia prácticamente precluida.
Las fuerzas políticas se aprestan, en pujas internas, a establecer sus candidatos sin haber reparado en las consecuencias de que -por primera vez desde la reforma de 1988- un Gobernador está a las puertas de hacer uso del beneficio de mandato sin límite que imaginó el constituyente.
El partido oficialista ha visto transcurrir recientemente su proceso interno barriendo el tema debajo de la alfombra. El principal partido opositor tampoco ha considerado importante hacer de la cuestión un eje de acción, antes mejor que declarativo.
Así, quedará postergada una de las discusiones más relevantes para el sistema institucional.
¿Conviene a la calidad de la democracia que el Gobernador en ejercicio haga uso de la cláusula de reelección indefinida después de haber conducido el poder administrador durante dos mandatos consecutivos?
Un legislador de la oposición ha presentado recientemente una iniciativa en sentido contrario y esto motivó la reacción de la presidencia de la UCR.
En el cruce de argumentaciones emergieron tanto verdades cuanto inconsistencias.
Es cierto que la cláusula de reelección indefinida fue sancionada a instancias del sector político del Diputado Argerich, pero difícilmente se le pueda asignar a él alguna incidencia de peso en aquellas decisiones que fueron prohijadas por dirigentes con mayor poder y de una generación anterior.
No es menos cierto que, en la actualidad, la misma parcialidad política que hoy integra el legislador conduce la Cámara de Diputados y ha encontrado mejor interés en el debate de cuestiones harto más pedestres.
Por el lado del frente gobernante, la incomodidad con el tema parece más evidente. Basta revisar las posiciones de los convencionales nacionales que reformaron la Constitución Nacional en 1994, para encontrar sólidos fundamentos en favor de los mandatos limitados en el ejercicio de la función pública.
Reivindicar, como lo ha hecho la Senadora Grimaux, la claúsula pergeñada por Vicente Saadi como albur que justifique un giro de la posición frentista en la materia, puede entenderse como un revisionismo cuyas intenciones no deben ser prejuzgadas.
Empero, no podrá ocultarse a las elementales leyes de la física la simple y clara obviedad del giro.
En un plano de mayor sutileza, otras voces del oficialismo han intervenido considerando que la reelección por tiempo indeterminado -en este caso- es una conclusión incontrastable del proceso político después de las internas de la UCR. Estas opiniones prefieren describir la cuestión antes que animarse a orientar a la ciudadanía sobre su conveniencia.
Aunque con ropaje de moderación y prudencia, esta versión pragmática encierra una elusión.
Para describir la realidad, no es imprescindible la política. No tiene reemplazo, en cambio, si se pretende transformarla.
Queda sin embargo una posibilidad abierta: La Constitución Provincial permite al Gobernador aspirar a un nueva reelección. Pero por cierto, no lo obliga.
Brizuela del Moral tiene en sus manos una decisión que lo trasciende, en tanto impacta sobre las instituciones.
Bien que una cosa es la norma escrita y otra distinta las conductas que permiten inscribirla entre los usos y costumbres más recomendables.
Si el Gobernador hubiese optado oportunamente por el gesto republicano de regresar al final de su segundo mandato, a la vida del ciudadano de a pie -sin fueros ni privilegios- el juicio de la historia no estaría registrando en estos días los testimonios de aquellos que se lo demandan como un caso de ejemplaridad incumplida.
En cuestiones de ética pública, la decisión tardía suele ser pariente de los yerros.

Edgardo Moreno