El interminable conflicto institucional que se vive en la localidad santamariana de San José, con sus marchas y contramarchas, sumó un nuevo eslabón con la habilitación de la Corte de Justicia, que vuelve a allanar el retorno de Mónica Hernández a la intendencia. Se trata de un episodio más dentro de la confusa trama de peleas, que seguramente hoy se reeditará con manifestaciones y escándalos en la sede comunal, donde de uno y otro lado repetirán los argumentos que descalifican el accionar de concejales y funcionarios según su identificación partidaria. La única seguridad es que el conflicto no terminará aquí, porque ya hubo tantas resoluciones anunciadas y anuladas que existen fundamentos para sostener cualquier teoría, indistintamente de su dirección.

Lo cierto es que el conflicto de San José muestra la peor cara del accionar partidario, y comete simultáneamente dos prácticas que todo funcionario de bien debería aborrecer: la judicialización de la política y la politización de las causas judiciales. Porque aquí existen dos vías que deberían marchar en forma paralela, pero se han mezclado tanto que ya es imposible definir dónde empieza una y dónde termina la otra. Y en esa ensalada de acusaciones y recursos, quien pierde es el pueblo de San José, que carece de una conducción firme y seria, y cuya voluntad electoral (expresada en las urnas) está siempre sujeta a lo que se disponga en algún juzgado. Como ya ocurriera en otras oportunidades, especialmente cuando desde mayorías circunstanciales se presionó para que representantes del pueblo, que habían resultado electos, no pudieran jurar, posibilitando que lo hiciese el suplente en medio de una trama de sobornos y conveniencias.

Las cuentas deberían ser más claras: si Mónica Hernández o cualquiera de sus funcionarios cometieron un delito, sea de malversación o cualquier otra naturaleza, deben ser juzgados por ello. Si son culpables deberán abandonar el cargo y si son inocentes se los absolverá. Pero no puede extenderse indefinidamente un proceso con destituciones y suspensiones que se alternan sin ton ni son. Como tampoco puede elegirse a dedo a qué concejal se le toma juramento y a quien no, convirtiendo una irregularidad administrativa en el trampolín para ocupar un cargo electivo, cuando los comicios arrojaron un resultado adverso.