El cumplimiento del Código de Edificación, que rige en la Municipalidad de la Capital desde hace quince años, es algo muy necesario tanto para la seguridad de la población, como para una mejor organización urbana, cuanto para la preservación del patrimonio arquitectónico y cultural de San Fernando del Valle. Y en estas materias, pareciera que no existe la necesaria concientización o, lo que es peor aún, se trabaja sobre los hechos ya consumados.

El último caso que tomó estado público es la sanción al Sanatorio Pasteur por haber derrumbado una casa, ubicada en Mota Botello al 600, que estaba en el listado de edificios a conservar por su arquitectura. El castigo económico aplicado ($ 40.000), aunque hubiese sido mayor, no devuelve el edificio a la ciudad, que es lo que realmente interesa. Es en este sentido que señalamos que la Municipalidad debiera tener un equipo especialmente dedicado a estas cuestiones, de modo tal que apenas se note un movimiento para demoler una casa que debe preservarse, se tomen de inmediato los recaudos necesarios para impedir el derrumbe. Ciudades como Salta o Córdoba tienen un perfil y una identidad, dados por edificios con valor cultural o arquitectónico, entre otros factores, que las hacen muy atractivas al momento de elegir destinos turísticos. Y ya sabemos lo que es el turismo como fuente de recursos económicos.

En relación al solar de calle Mota Botello, donde en el siglo pasado viviera la familia Russo -emparentada con gobernadores del mismo apellido-, y después pasara sucesivamente a las familias de la profesora Graciela Mentasti y Tello-Phol, antes que la adquiriera la familia propietaria del Sanatorio Pasteur, la información oficial indica que se aplicó una multa de $ 40.000 pesos, pero a la hora de pasar por ventanilla solamente se habrían pagado $ 30.000. ¿Esto soluciona el problema causado por haber tirado abajo la hermosa propiedad? De ninguna manera. Por el contrario, fomenta que en casos similares se vuelva a aplicar esta especie de “picardía criolla” de hacerle trampas al Estado. El tema, por todo lo que significa, debería ser materia de estudio por parte de los concejales de la Capital, a favor de establecer una legislación acorde a los tiempos modernos y que impida a los señores empresarios hacer lo que se les venga en gana que, en definitiva, es lo que ocurre.