Recorriendo las diferentes rutas periodísticas, días pasados dijimos que el Estado llegó tarde a preservar la vieja casona de calle Mota Botello, entre Salta y Rivadavia, la que fue derrumbada por la acción devastadora de la maquinaria moderna, que nada sabe de patrimonio y defensa de la cultura. A cambio de una multa, para nada onerosa teniendo en cuenta el daño que se ha provocado, se dio una muestra concluyente de cómo se puede eludir la ley. Eso es precisamente lo que reclamamos de los legisladores, de todo nivel, que además de las normas, estudien la inteligencia para frenar triquiñuelas como esta que relatamos. Hay muchos ámbitos donde ocurren cosas curiosas, es las que parece que el Estado va detrás de los acontecimientos. Veamos algunos ejemplos.

El Código de Edificación estableció alturas máximas para las construcciones. Un edificio que se levanta en la esquina de Maipú y República, en pleno microcentro, recién cuando sobrepasó el límite establecido, recibió la notificación de parar la obra. ¿No hubo inspectores que vieran cuando comenzaba a hacerse el piso por encima de la altura permitida que, en ese momento, detuviera la obra? Parece que no, porque aparecieron después, cuando la edificación ya había avanzado hacia arriba. Surgieron entonces las discusiones legales. Y ahora, si la Municipalidad hace cumplir estrictamente el Código de Edificación, tendrá que ordenar demoler lo que está demás. Si no puede ordenarlo –porque alguna interpretación legal así lo posibilite- habrá otro precedente de incumplimiento de una norma.

El tercer caso es el de la construcción que se realiza en la esquina de 25 de Mayo y Chacabuco. Un inspector municipal levantó un acta indicando que se había aplicado un tipo de hierro de menor espesor al que debió usarse. Abogados de la empresa probaron que el inspector nunca había hecho la inspección sino que, aparentemente, tomó la información de un ex empleado e hizo el acta. ¿Pueden ocurrir estas cosas? Parece que si. Ya volveremos sobre el tema, pero, evidentemente, si hay fallas desde el sector privado y éstas, desde el Estado, se combaten con irresponsabilidad, es seguro que los ciudadanos son los que quedan desprotegidos.