El Juez de Minas Guillermo Cerda les dijo a los ambientalistas que “la gente de Andalgalá es pacifica y que tiene derecho a manifestarse en defensa de sus derechos”.
Referentes de algunas organizaciones culturales, sociales y ambientalistas se movilizaron a la Secretaría de Minería y llevaron a cabo un corte de calle en la esquina de Mate de Luna y Sarmiento.
Esta situación generó la inmediata presencia de la policía, que de forma preventiva realizó una vigilancia en el escrache que los manifestantes concretaron de forma pacífica por espacio de una hora. Luego, desde allí se dirigieron al Juzgado de Minas, siempre acompañados por la fuerte custodia policial, donde fueron recibidos por más efectivos apostados frente a la sede judicial. El jefe del operativo adelantó que el Juez Guillermo Cerda iba a recibir una delegación de tres representantes, lo que produjo la inmediata negativa de los manifestantes. Finalmente el magistrado dialogó en la calle con el conjunto de los ambientalistas.
Cerda aseguró que pediría a la empresa que informe sobre cuáles son las actividades que está realizando actualmente en la zona de conflicto, y que recabará información para establecer si cumple o no con la orden emanada de su juzgado.
A partir del ultimatum realizado por la Asamblea El Agarrobo y otras organizaciones socioambientalistas de Andalgalá, la Coordinadora Interprovincial en Defensa del Territorio y los Bienes Comunes realizó en distintas ciudades de la región diversas actividades para apoyar la demanda del pueblo andalgalense, para que la empresa Agua Rica desista de forma terminante de la explotación del yacimiento ubicado en las nacientes de agua dulce del Aconquija.

Planteos

Los planteos formulados al Juez fueron claros. Se denunció la criminalización y judicialización de la protesta del pueblo de Andalgalá; también, que la empresa no cumple con los límites impuestos en la suspensión de actividades ordenadas por su juzgado, ya que continúa nombrando personal innecesario para tareas de carácter administrativo. Otra denuncia de los manifestantes hizo referencia a la apertura de nuevas huellas mineras realizadas por máquinas de gran porte.
Por otra parte se informó al juez que la empresa contrató matones que formaron un escudo humano, para provocar a la gente que se manifestaba de forma pacífica. Además solicitaron la suspensión definitiva de la explotación.