La idea de que “el largo camino a diciembre” puede permitir al gobierno algunas jugarretas políticas que lo posicionen en mejor forma para el futuro, afortunadamente, comienza a desvanecerse. Pretender regularizar ahora la situación de miles de empleados públicos virtuales que, por años, no fueron regularizados; asegurar con cargos a quienes disfrutaron de puestos políticos durante cuatro lustros; bendecir la movilidad que negaron sistemáticamente a los jubilados o pergeñar otras tantas medidas a solventar con la plata del Estado sintetizan, sin discusión alguna, un verdadero desatino político solamente atribuible al estado de desesperación en que ha quedado sumido el radicalismo lugareño después del 13 de marzo. En este marco, el ministro Javier Silva se ha convertido en una máquina de cometer errores de cara a la sociedad que decía servir.
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Que el ministro de Gobierno, quien carga con las mayores responsabilidades por la derrota electoral, pretenda solucionar los problemas laborales de sus íntimos a la hora de la retirada es una muestra cabal de que no tiene la menor idea de lo que significa el respeto a las instituciones. Aunque en realidad nunca lo tuvo, como que jamás se reunió en serio con la oposición, a no ser que existiera la posibilidad de “armar alguna trampa” para profundizar sus divisiones internas. En definitiva, el informe de este diario sobre sus afanes por acomodar a su familia y amigos lo pintan de cuerpo y alma, no como un funcionario probo, sino como el peor de los mercaderes.
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A pesar de Silva y de los contratos orientados directamente a favorecer a los afiliados del radicalismo, la transición le debería servir al gobierno para tratar de recomponer el rumbo y conseguir una entrega del poder lo más decorosa posible. Le quedan varios meses para acomodar las cuentas y no permitir picardías como las referenciadas en el bloque anterior, o como las que pueden venir, como ser que los funcionarios pretendan cobrar vacaciones no tomadas (inventadas, mejor dicho) durante varios años. Los jefes de las distintas reparticiones, en el supuesto de que existieran casos de licencias pendientes, disponen hoy del tiempo suficiente para evitar nuevas sangrías del presupuesto. Así es: quedan 8 meses para otorgar vacaciones a los “ex­­-forzados” funcionarios.