Los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, en su presentación, a la que tuvo acceso Télam, destacaron que "las pruebas revelan que los hechos denunciados podrían ser parte de acciones persecutorias e impregnadas por espurios intereses económicos".

Por su parte, Daniel Reposo, Síndico General de la Nación, consideró "impecable y trascendente" para el país la resolución, porque significa "levantar el velo de lo que fue la dictadura militar con el poder civil que actuó en connivencia".

En declaraciones a Télam, dijo que el dictamen "muestra que no sólo hubo razones políticas que tomaron en cuenta los militares, sino que hubo connivencia con el poder civil con el que había en juego intereses económicos, políticos y sobre todo religiosos", añadió.

"El antisemitismo que existía en esa época hizo mella sobre todo en el grupo Graiver y esto es importante destacarlo en el marco de la investigación", precisó Reposo.

La transferencia de acciones, explicaron los fiscales "fueron promovidas por las máximas autoridades del Estado Nacional con la presunta colusión (pacto entre dos personas u organizaciones para perjudicar a un tercero) de los representantes y/o propietarios de Clarín, La Nación y La Razón".

Ahora, el juez Corazza debe resolver si recepta o no el pedido realizado por los fiscales, y la medida que adopte el magistrado podrá ser apelada por las partes del proceso que, además de la fiscalía, son la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por la querella; y Héctor Horacio Magnetto y Bartolomé Luis Mitre, por la defensa.

De esa manera, los fiscales de la Unidad definieron el objeto procesal de la pesquisa, luego de 10 meses de recopilación documental y testimonial, y del análisis de su contenido.

El pedido de declaración de incompetencia y la remisión a otra jurisdicción es una medida que puede adoptarse en cualquier momento de un proceso judicial, pero siempre, según es criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras una investigación previa que fundamente la decisión, explicó a esta agencia un vocero judicial.

El cuerpo principal del expediente hoy cuenta unas 1.800 fojas, en nueve cuerpos, sumado a sus veinte anexos y cinco efectos (libros, CD’s), que totalizan sesenta cuerpos más (12 mil fojas).

En el dictamen se indica que el contexto de la dictadura "resultó propicio para la comisión de delitos de índole económico con la intervención de civiles", hechos que iban "desde la apropiación de bienes de desaparecidos hasta grandes operaciones que significaron una enorme modificación regresiva de la estructura social argentina".

"Es este el contexto en el que se debe leer la narración de las circunstancias de la causa", argumentaron.

La resolución señala que "la presunta transferencia compulsiva de las acciones de Papel Prensa S.A., de la que eran propietarios algunos de los integrantes del denominado `Grupo Graiver´ a las empresas La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) y La Razón habría consistido en un conjunto de acciones pergeñadas y ejecutadas en su casi totalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la directa intervención de la junta militar y la participación de los civiles denunciados".

"Todo en un marco de persecución desatada contra los miembros del grupo, por motivos políticos, económicos y religiosos, lo que constituye un delito de lesa humanidad".

Tras desarrollar la historia de la empresa Papel Prensa y citar las principales pruebas, los fiscales recordaron que, ya en 1988, el Fiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, había concluido sobre el caso que "la Junta de Comandantes, a pesar de conocer y estar investigando la vinculación entre Graiver y Montoneros, autorizó al Grupo Graiver a transferir las acciones clase `A` a los periódicos Clarín, La Nación y La Razón".

Esto, según Schapiro y Molina, "permite inferir que para la época de la transferencia presuntamente compulsiva de las acciones, ya habrían existido actos persecutorios contra el Grupo, fundados en motivos políticos,además de los económicos y raciales, que tenían por finalidad lograr su desaparición de la escena nacional".

El dictamen presentado hoy resaltó que en el caso del GRupo Graiver "la persecución se materializó, en los secuestros y torturas sufridos por los integrantes del Grupo y el homicidio de Jorge Rubinstein, así como también por su sometimiento al inconstitucional Consejo de Guerra Especial Estable N° 2" en el que fueron condenados por "ayuda económica para finalidades ideológicas ilícitas" (sic).

Otro hecho que evidencia esa persecución fue el allanamiento ilegal al domicilio de Rafael Ianover, testaferro de David Graiver, a fines de enero de 1977.

La fiscalía también dejó abierta la posibilidad de que el caso encuadre, como lo sostuvo la querella, en el delito de asociación ilícita, que ha sido receptado por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país como crimen del derecho internacional.

Fuente: Télam