El presidente de la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca, Lic. Alfredo Marchioli, sostuvo que “el pueblo de Catamarca ha apoyado un proyecto político que propone, desde su campaña electoral, la generación de puestos de trabajo genuinos a partir de actividades productivas, como la minería. Esto para todo nuestro sector (obreros, técnicos, profesionales, empresarios y proveedores) es significativamente positivo, porque entendemos que la generación de puestos de trabajo es una consecuencia del desarrollo minero”.
Se refirió luego a la situación andalgalense, al recordar que “Andalgalá junto con Famatina (La Rioja), es una de las localidades con mayor historia minera de la Argentina, en 1880 con la explotación de Mina Capillitas se producía una mata de cobre que era exportada a Europa. Andalgalá no es antiminera, sus reclamos han sido generados por una administración poco estratégica de los fondos municipales y su exclusión de mega obras realizadas con fondos mineros, las que fueron concentradas en la Capital provincial, situación que produjo la desazón y malestar por el sentido de pertenencia de los recursos mineros”.
“Los resultados electorales son consecuencia de la crisis institucional y política, producidos por un reclamo social genuino y no comprendido por el gobierno actual (municipal y provincial). El intendente electo (Prof. Alejandro Páez) tendrá un desafío sin igual para la conducción institucional y política del departamento, al que nosotros estamos dispuestos a acompañar y proveer toda la información que requiera y a consensuar las acciones para restablecer, como él bien lo dice, el tejido social de Andagalá”.
Sobre la carta de intención para que Minera Alumbrera se haga cargo del proyecto Agua Rica, opinó que “es un momento histórico para la minería de Catamarca. Es el mayor anuncio en estos últimos quince años, y no solo para el sector minero sino también para el sistema productivo de Catamarca. A nivel nacional, esta es la noticia con mayor trascendencia después del acuerdo binacional entre Argentina y Chile, para la explotación de Pascua Lama, en San Juan”.
habló también sobre la licencia social, al considerarla “indispensable para un desarrollo minero sostenible, esto es categorizado de esta manera no tan solo para la seguridad de la inversión sino también para todos los actores locales involucrados (obreros, profesionales, proveedores, estado provincial y municipal). Catamarca es una provincia que no tiene muchas alternativas en materia productiva y la minería es una gran oportunidad, principalmente por el potencial y atractivo de sus yacimientos metalíferos y no metalíferos. Es necesario, a través del gobierno provincial, municipios y partidos políticos, consensuar pautas de trabajo que podemos llamarlo acuerdo multisectorial. No puede seguir ocurriendo que los opositores sean antimeros y los oficialistas promineros, esto es altamente dañino para la producción y desarrollo minero de Catamarca, para la sociedad, para la provincia, para el país. Debemos acordar ciertos temas, construir y articular todo aquello que permita el desarrollo de nuevos proyectos mineros (chicos y grandes) y darle valor agregado a nuestra producción, insertando a la provincia en una estrategia de crecimiento regional de para el aprovechamiento de recursos común como la infraestructura energética”.
Si bien sostuvo que todavía no se reunió con Lucía Corpacci, puntualizó que “sabemos que la Dra. Lucía Corpacci considera a la minería como la actividad económica más importante. Por ello, todo el sector involucrado económicamente a la minería (obreros, técnicos, profesionales, empresarios y proveedores) nos encontramos expectantes en conocer el rumbo y los detalles de la política minera que implementará el nuevo gobierno. Pero hasta el momento no conocemos concretamente cuales van ser las acciones que conformarán la política minera de la provincia. Desde la AEMCA estamos convencidos que podemos aportar para la construcción de esa política, que no tan solo considera el desarrollo de proyectos mineros sino también acciones destinadas a un mayor impacto socioeconómico y, también, para la construcción y sostenibilidad de la licencia social”.
Ya en referencia al impacto minero, dijo que “las PYMES, proveedores mineros, corresponden a la porción más importante del derrame económico y la generación de valor de la actividad minera. Es necesario que el gobierno provincial y las empresas articulen las acciones para el desarrollo y fortalecimiento de los proveedores locales. La homologación de productos nacionales para el reemplazo de bienes y servicios importados, es adecuada y oportuna. La que debe tener la articulación del estado para la formación de los proveedores y obtención de productos de alta calidad, para pensar también en su exportación. Económicamente estamos en ventaja con otros proveedores (ej. Chile), son oportunidades que no deben desaprovecharse”.
En base a la experiencia adquirida en estos años, Marchiolli expresó que “debemos implementar acciones que deben ser parte del acuerdo multisectorial mencionado, entre ellas: mayor información sobre los recursos económicos que genera cada proyecto minero, plan comunicacional sobre el impacto ambiental y marco legal de la actividad minera destinado a todas las partes interesadas (Gobierno provincial, municipal, poder legislativo, colegios profesionales, gremios y sociedad), información sobre las medidas ambientales preventivas implementadas por las empresas y los controles del Estado, modernización del marco legal provincial, adecuada articulación institucional y política con el sector, promoción de los recursos geológicos de la provincia para nuevas inversiones en exploración, reconstrucción de las pautas de trabajo entre sociedad y minería (licencia social), y, sobre todo, mayor desarrollo y fortalecimiento de proveedores mineros e inclusión de mayor mano de obra directa catamarqueña; estos últimos son el bastión minero de San Juan”.