El Grupo Clarín presentará hoy en tribunales una rectificación de la denuncia penal que hizo el jueves pasado contra funcionarios nacionales y periodistas por los posibles delitos de incitación a la violencia colectiva y coacción agravada , figuras que prevén penas de hasta seis y diez años de cárcel, respectivamente. Solicitará allí que los periodistas sólo sean convocados a declarar como testigos y no como imputados.

Los abogados del multimedio decidieron hacer la nueva presentación ante numerosas críticas de periodistas, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición, que cuestionaron en duros términos la denuncia de Clarín . Todos coincidieron en que la presentación significaba un intento de criminalizar las expresiones de los periodistas y que ponía en riesgo la libertad de expresión.

"Vamos a aclarar que cuando se nos cite a ratificar la denuncia vamos a solicitar que, en atención a los derechos constitucionales que los amparan, los periodistas sean citados a declarar como testigos, para que aporten información sobre los hechos denunciados", dijo el abogado Hugo Wortman Jofré, que presentó la denuncia junto con sus colegas José María Sáenz Valiente y Alejandro Pérez Chada.

"La acción está orientada a revelar si la conducta del Estado nacional y sus funcionarios constituyó una acción penalmente reprochable. No se busca imputar a periodista alguno, éstos sólo serán testigos", afirmaron los abogados de Clarín, en un comunicado. "Los periodistas mencionados actuarán exclusivamente como testigos a los fines de que -de poseerla, como sugieren sus manifestaciones- aporten información sobre los hechos denunciados", sostuvieron.

La denuncia de Clarín afirma que existe una campaña de parte del oficialismo para hacer responsable al grupo de todos los males que aquejan al Gobierno . Y sostiene que eso puede derivar en hechos de violencia contra directivos o periodistas del grupo. Por ello, se pide que se investigue si una serie de acciones y declaraciones de funcionarios y periodistas, que acusaron a Clarín y a sus directivos de generar un clima de desestabilización, tienen detrás una autoría ideológica con entidad para constituir el delito de incitación a la violencia colectiva.