A más de un año de dejar el poder, siguen produciéndose denuncias penales en contra de los exfuncionarios del Frente Cívico y Social. Esta vez las presentaciones judiciales se hicieron contra dos funcionarios insignias de la gestión anterior, como son el exministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Acuña, y el exadministrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Eduardo Brizuela del Moral (h).
Estas dos nuevas presentaciones contra los exfuncionarios del FCyS fueron realizadas por el abogado Leonardo Berber con el consentimiento del ex fiscal de Estado Marcos Denett. Por lo que el ahora vicepresidente de la EC Sapem, antes de abandonar la Fiscalía, instruyó a sus abogados para que realicen esta denuncia penal.
La denuncia penal contra el exministro Juan Acuña está relacionada con la polémica obra conocida como el Pozo 53. Obra nunca realizada por la gestión pero sobre la cual figura documentación donde queda demostrado que el dinero de ese pozo fue usado.
La denuncia presentada por Berber a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales también alcanza al anterior directorio de Aguas de Catamarca Sapem, conformado por Juan Carlos Montenegro, Enrique Murúa y Rafael Pacheco, y contra todas aquellas personas que tomaron parte en la ejecución del hecho en calidad de “cómplices o autores”.
En este sentido, la denuncia acusa a los exfuncionarios por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario, asociación ilícita, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público y omisión de denuncia.
Cabe recordar que el Pozo 53 era una perforación en el sur de la ciudad destinada a mejorar la distribución de agua potable para las zonas sur y oeste de la ciudad. La perforación tenía un presupuesto de 3.100.000 pesos que efectivamente Aguas de Catamarca SAPEM utilizó, pero no para la realización del Pozo Nº53, sino para gastos corrientes que no se conocen con exactitud.
Cronológicamente, la realización de esta obra fue solicitada por el exdirectorio de la empresa estatal encabezado por Montenegro el 11 de noviembre de 2010. Para su realización, Aguas de Catamarca SAPEM solicitó 2.100.000 pesos. No obstante, también requería un millón de pesos más para “la normal prestación del servicio”, visto “el deterioro que ha sufrido el equipamiento”.
Posteriormente, el 23 de diciembre de 2010 el exministro Acuña resolvió autorizar el depósito de estos 3.100.000 pesos para Aguas de Catamarca. Sin embargo, lo más sorprendente del caso es que a días de dejar el poder, Montenegro remitió una nota con fecha 20 de octubre de 2011 a Juan Acuña, donde solicitaba “reasignar los fondos que le fueran otorgados a esta empresa para la ejecución del Pozo Nº53”. En esa nota, el propio Montenegro reconocía que se había utilizado el dinero que estaba destinado a una obra específica en gastos corrientes.
En la denuncia, Berber asevera que “el dinero público se malgastó en destinos distintos de los específicos y ordenados por la ley de Emergencia en los servicios públicos”.
Asimismo indica que “estamos ante otro avasallamiento social en el área del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos, donde bajo la máscara de una mera prestación se esconden millonarios negocios que nada reditúan a la sociedad, que padeció incontables problemas de suministro que se podrían haber evitado”.
El letrado señala que el hecho que se denuncia no se pudo llevarse a cabo sin la intervención o conocimiento del exministro.