La otra denuncia presentada por Fiscalía de Estado es contra el exadministrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Eduardo Brizuela del Moral (h).
La presentación, también realizada por Berber, tiene que ver con las viviendas que fueron levantadas en Aconquija en un terreno que no era el que estaba previsto para la construcción de estas soluciones habitacionales y que por cuestiones judiciales hasta el día de hoy no pudieron ser entregadas.
El abogado denuncia a Brizuela del Moral por los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y falsificación de instrumento público. La presentación se extiende a todas las personas que pudieran estar involucradas.
La denuncia fue realizada por el abogado ante la Fiscalía de Instrucción de la 2da Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Andalgalá, y señala que en 2004 la empresa Ecovial S.R.L. consiguió la adjudicación de la licitación que realizó el IPV para la construcción de veinte viviendas en Aconquija.
En ese momento, la empresa acordó con el titular de las tierras, Ramón De Chazal, para que en un lugar determinado se realizara la construcción de las viviendas. Posteriormente, De Chazal pidió a la empresa -de palabra- el cambio del lugar donde se iba a construir el barrio, lo que la empresa aceptó y levantó las viviendas.
En definitiva, la denuncia señala que “las unidades habitacionales se edificaron en una porción de terreno radicalmente distinta de la que correspondía a la documentación supuestamente controlada y aprobada por el IPV en el proceso licitatorio”.
Asimismo, la presentación afirma que, además de haberse construido en un lugar distinto del que estaba previsto, “se procedió flagrantemente a abonar la totalidad de los certificados de obra por parte de los funcionarios del IPV, procediendo a efectuar un pago total absolutamente indebido sin el debido contralor técnico que le ordena la ley antes de completar el pago de las obras comprometidas”.
“Se incumplió de manera injustificada con el procedimiento licitatorio y con el posterior trámite establecido legalmente para control de la culminación de la obra y proceder recién a la recepción y el efectivo pago de lo convenido legalmente”, afirma la denuncia, al tiempo que agrega que “en todo este desfasaje administrativo seguramente intervinieron más de una persona, siendo todo un circuito de ilegalidad”.