Mario Mayorga, quien se encuentra subrogando la Fiscalía de Estado, manifestó que cuando reciba el informe de gestión y auditoría de las causas contra el Gobierno comenzará a delinear el trabajo, que adelantó seguramente será de lleno a partir del año que viene.
En diálogó con El Esquiú.com, el letrado manifestó que una vez que cuente con todo la información sobre la tarea realizada por su antecesor, Marcos Denett, pero en especial sobre las causas que actualmente trabajan en defensa de los intereses de la provincia, comenzará a diagramar las tareas.
“Faltan apenas quince días para que comience la feria administrativa, lo que me permitirá durante ese mes poder organizar todo, tanto el gran cúmulo de trabajo que tenemos en la Asesoría General de Gobierno como también la nueva responsabilidad encomendada por la gobernadora, al subrogar Fiscalía”, afirmó.
En ese sentido, el fiscal subrogante no quiso adelantar los cambios que introducirá, tanto de personal como de trabajo, pero indicó que el objetivo es defender en juicio a la Provincia, ya sea como actora o como demandada. Puntualizó que trabajó durante 18 años como abogado de Fiscalía, por lo que conoce en forma acabada cómo es la defensa de los intereses provinciales.
“Mi objetivo es devolverle la impronta a Fiscalía, que sea una verdadera escuela de abogados”, expresó al mismo tiempo que agregó que se pretende cortar la cadena de juicios contra el Estado. “Ahora todos inician juicios contra el Gobierno, porque da esa sensación de que es fácil ganarle. Queremos defender a la Provincia”.

Balance

Por otra parte, el funcionario provincial cumplió un año como asesor General de Gobierno de Lucía Corpacci, función en la que dice tiene un balance “altamente positivo”. Resaltó que desde que asumió hasta el momento han realizado 1600 dictámenes, 500 informes y 300 providencias.
“La verdad es que estamos muy conformes con el trabajo que hemos realizado”, afirmó el funcionario, y destacó entre otras tareas la regularización de las licencias docentes; el análisis de los expedientes sobre redeterminación de precios y la aplicación de una ley derogada en 2005.
“El trabajo no ha terminado, por el contrario, se ha intensificado. Pero el balance del año lo califimos positivo”, dijo.