El Tribunal de Cuentas de la Provincia dispuso la realización de una Auditoría por Objetivos en el ámbito del Ministerio de Servicios Públicos, luego de la nota presentada por el bloque de diputados del Frente Cívico y Social en la que daba cuenta de las denuncias cruzadas entre el exministro Julio Molina y el extitular de la EC Sapem, Eduardo Andrada.
En los considerandos, el organismo que preside Mardonio Díaz Martínez sostiene que en la nota enviada por los legisladores opositores ponen en conocimiento (sobre información publicada en medios escritos) que “en ocasión de producirse la renuncia del exministro de Servicios Públicos, Ing. Julio Molina, y el director de la EC Sapem Dr. Eduardo Andrada, los mismos procedieron a imputarse mutuamente una serie de hechos presuntamente irregulares, que habrían sido puestos en conocimiento de la Oficina Anticorrupción dependiente de Fiscalía de Estado de la Provincia, y cuya entidad amerita la intervención de este Tribunal de Cuentas en el marco de su competencia”.

Cruzadas

Una de las denuncias a investigar por el TC es el contrato entre la EC SAPEM y un hombre apellido Camisay por el alquiler de una Toyota Hilux DX 4x4 por la suma de $10.600 mensuales. “Sugestivamente, el señor Camisay, locador en el contrato señalado, habría constituido un domicilio idéntico al denunciado como propio por el señor Claudio Marcelo Berrondo, director de la EC SAPEM (Av. Juan Chelemín 1326)”, indican en la nota.
Otra de las denuncias realizadas por los exfuncionarios es el supuesto cobro por parte de Ricardo Shoijet, gerente de distribución de la EC SAPEM, quien “durante el ejercicio de sus funciones en la empresa habría percibido haberes como dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Catamarca”.
Además, se mencionó “la facturación por parte de la Empresa Líneas Eléctricas SRL por la construcción de nexo de LMTR de 7,62 kv (2.600 mts.), 2 SETAS de 10 Kva. Y LCT (200 mts) para alimentar las aguas termales de Los Nacimientos, Hualfín, Belén, por la suma de $266.883,08. Dicha empresa habría sido constituida por las señoras Saavedra Mariana Inés y Bazán Rosa Susana, la primera de ellas cónyuge del señor Shoijet Abraham Ricardo”.
“Por lo señalado y atento a la necesidad de esclarecer las presuntas irregularidades advertidas y su incidencia en la Hacienda Pública Provincial, resulta procedente disponer la realización de una Auditoría por Objetivos en el ámbito del Ministerio de Servicios Públicos”, afirman en los considerandos de la resolución.
El ingeniero Marco Antonio Cativiela y el contador público Francisco Acosta, agentes del Tribunal de Cuentas, van a ser los encargados de requerir los antecedentes, informes y declaraciones que sean necesarios en la investigación de los dichos de los exfuncionarios y las denuncias del bloque de diputados del Frente Cívico.
Los legisladores opositores también pidieron por nota a la gobernadora Lucía Corpacci, que “instrumente las investigaciones y los sumarios respectivos que echen luz sobre las denuncias cruzadas para procurar identificar la posible comisión de actos que pudiesen redundar en perjuicios o delitos en contra de la Administración Pública”, según afirmaron en la presentación.